La PAC entre la urgencia y la incertidumbre

Esther Duque

La Política Agraria Común se enfrenta a una nueva reforma decisiva. Bruselas prepara el marco para el periodo 2028-2034 en un contexto de tensiones internacionales, volatilidad de los mercados y emergencia climática. Lo que se anuncia como un avance hacia la sostenibilidad corre el riesgo de traducirse, una vez más, en un exceso de burocracia y en una distancia cada vez mayor entre la norma y la vida cotidiana de quienes trabajan la tierra.

Castilla y León, motor agrario de España, observa con preocupación este proceso. La rentabilidad de miles de explotaciones familiares, la viabilidad de la ganadería extensiva, la modernización de regadíos o la continuidad de cultivos estratégicos dependen en buena medida de lo que decidan los legisladores europeos. La experiencia reciente no es alentadora: los ecorregímenes, concebidos como incentivo para prácticas sostenibles, han mostrado complejidad normativa y una compensación insuficiente, generando más frustración que estímulos reales.
La transición ecológica resulta inaplazable, pero no puede imponerse como un peso insoportable sobre explotaciones que ya trabajan al límite. El equilibrio entre sostenibilidad y rentabilidad exige reglas claras, ayudas estables y acompañamiento técnico, no un rosario de exigencias desconectadas de la realidad.

Además, la reforma debe resolver un asunto esencial: que los fondos europeos lleguen a quienes de verdad los merecen. La figura del agricultor activo, tantas veces reclamada y aún insuficientemente perfilada, debe ser la piedra angular de la nueva PAC. Es inadmisible que las ayudas sigan beneficiando a perceptores desvinculados de la actividad productiva, mientras quienes sostienen con su esfuerzo diario la seguridad alimentaria europea se ven atrapados en márgenes de rentabilidad cada vez más estrechos.

Castilla y León reclama una política agraria que refuerce la competitividad, asegure rentas dignas y simplifique procedimientos. Para ello será imprescindible una estrategia común entre la Junta, el Gobierno central y las organizaciones profesionales agrarias, que han demostrado capacidad de movilización y de interlocución. Solo con una voz firme y cohesionada se logrará que Bruselas escuche a quienes representan la realidad del campo del sur de Europa.

La nueva PAC debería ser una oportunidad para modernizar el modelo productivo, atraer jóvenes, fomentar la innovación y dar valor añadido a los productos de calidad que ya distinguen a Castilla y León en los mercados internacionales. Pero esa oportunidad solo será real si se garantiza financiación suficiente y un marco normativo sensato, alejado de la tentación de diseñar políticas de laboratorio desconectadas del terreno.
Europa ha redescubierto, tras la pandemia y la guerra en Ucrania, la importancia estratégica de la agricultura. Sería imperdonable que lo olvidara justo en el momento de definir su política agraria. El futuro de nuestros pueblos, la cohesión territorial y la soberanía alimentaria dependen de una PAC justa, eficaz y orientada a quienes realmente trabajan la tierra. Esa es la única legitimidad posible.