El estudio del Instituto de Economía, Geografía y Demografía analiza cómo las ayudas agrarias podrían reforzar la resiliencia, la equidad y el desarrollo rural en España

Un informe elaborado por el Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC plantea que la futura Política Agraria Común 2028-2032 debería reforzar el apoyo a las explotaciones agrarias con mayor aportación social y ambiental, especialmente aquellas de tamaño medio y pequeño cuya viabilidad económica depende en mayor medida de las ayudas públicas.

El trabajo analiza el reparto actual de los fondos de la PAC entre distintos tipos de explotaciones españolas y aporta evidencia científica para el debate sobre el diseño de la próxima política comunitaria. La investigación se basa en datos de la Red Contable Agraria Nacional y examina qué modelos productivos contribuyen en mayor medida a la resiliencia del sector agrario.

La PAC sigue siendo la principal política común de la Unión Europea por volumen presupuestario y una herramienta decisiva para el campo español. Con cerca de 10.000 millones de euros anuales, estabiliza los ingresos de alrededor de 630.000 explotaciones y condiciona aspectos económicos, territoriales, ambientales y sociales del sistema agroalimentario.

La resiliencia como eje de la próxima política agraria

El informe parte del debate abierto en Europa tras la presentación, en 2025, de la “Visión de la Agricultura y la Alimentación en Europa”, centrada en el concepto de resiliencia.

En el estudio, la resiliencia del sector agrario se define como la capacidad de las explotaciones para mantener su actividad y adaptarse a cambios económicos, sociales y ambientales, garantizando su viabilidad económica, su contribución al desarrollo rural y la sostenibilidad de los recursos naturales.

Desde esta perspectiva, el trabajo analiza no solo la rentabilidad de las explotaciones, sino también su papel en la generación de empleo, el relevo generacional, la igualdad de género, el equilibrio territorial, la diversificación productiva y la conservación ambiental.

Una paradoja en el reparto de las ayudas

El análisis detecta una paradoja relevante en la distribución actual de los fondos.

Las explotaciones de mayor tamaño, con una producción anual aproximada de 500.000 euros, reciben más ayudas de media por explotación que el resto. Este grupo concentra cerca del 6% de las ayudas de la PAC, pese a representar el 2,2% del total de explotaciones.

Sin embargo, el informe señala que alrededor del 90% de estas explotaciones presenta una aportación socioambiental reducida y una elevada resiliencia económica, incluso con independencia de las ayudas recibidas.

Esta situación lleva a los autores a plantear la necesidad de revisar los criterios de asignación de fondos para orientar mejor el presupuesto hacia explotaciones que aportan mayores bienes públicos y muestran mayor dependencia económica del apoyo comunitario.

Mujeres, jóvenes, empleo rural y zonas despobladas

El estudio identifica como explotaciones con mayor resiliencia social aquellas lideradas por mujeres y jóvenes, las que generan empleo rural o las que se ubican en zonas despobladas.

Desde el punto de vista ambiental, considera más resilientes las explotaciones con cultivos diversificados, mayor cuidado del bienestar animal, orientación hacia la ganadería extensiva, menor uso de pesticidas de síntesis o producción ecológica.

Los tipos de explotación clasificados en el informe con mayor resiliencia social y ambiental suelen situarse en rangos intermedios de dimensión económica, con una producción estándar anual de alrededor de 100.000 euros.

Estas explotaciones dependen de forma más estrecha de las ayudas de la PAC para sostener su viabilidad a corto y largo plazo, pero reciben de media menos apoyo que otros modelos con menor desempeño social y ambiental.

Explotaciones medianas y pequeñas para sostener el territorio

El informe subraya la importancia de las explotaciones de tamaño medio y pequeño en la resiliencia del sector agrario español.

Las explotaciones con menor resiliencia social y ambiental y con una producción inferior a 500.000 euros anuales, agrupadas en los tipos 2 y 3, suman casi 360.000 explotaciones. En promedio, presentan una producción estándar de unos 60.000 euros al año y concentran la mayor proporción de las ayudas.

Según el estudio, un rediseño de estos fondos podría contribuir a mejorar su desempeño económico, social y ambiental, dada su relevancia para el equilibrio territorial y la continuidad de la actividad agraria en numerosas zonas rurales.

Pilar I y Pilar II, dos impactos diferentes

El trabajo también analiza el comportamiento de los principales instrumentos de la PAC.

Las ayudas del Pilar I, centradas en pagos directos independientes de la producción y en medidas de regulación de precios, tienden a favorecer a explotaciones de mayor dimensión económica, que no siempre son las que más contribuyen a la sostenibilidad agraria.

Por el contrario, las ayudas del Pilar II, dirigidas al desarrollo rural, la producción ecológica, las inversiones productivas o la incorporación de nuevos agricultores, benefician en mayor medida a explotaciones con un perfil más resiliente desde el punto de vista social y ambiental.

Esta diferencia refuerza la idea de que la futura PAC podría aprovechar mejor sus instrumentos para orientar la transición hacia modelos productivos más sostenibles, diversos y vinculados al territorio.

Preguntas clave para la PAC 2028-2032

El informe plantea varias cuestiones para el diseño de la próxima política agraria europea.

La primera apunta a cómo reforzar las explotaciones que generan mayores bienes socioambientales para la sociedad. Los autores sugieren reorientar un sistema basado principalmente en la superficie hacia otro capaz de reconocer económicamente la contribución de modelos agrarios con mejor desempeño social y ambiental.

La segunda se centra en qué medidas pueden impulsar la transición hacia modelos productivos más resilientes. En este ámbito, el estudio señala el potencial de aumentar la inversión en modernización sostenible y producción ecológica para reducir la dependencia económica de las ayudas.

La tercera pregunta aborda cómo apoyar a explotaciones lideradas por mujeres y jóvenes agricultores, y cómo favorecer el equilibrio territorial. El informe apunta que un mayor respaldo a la producción familiar ecológica y a la ganadería extensiva puede contribuir de forma eficaz al relevo generacional y a la igualdad de género en el campo.

Evidencia científica para el debate agrario

El estudio, firmado por Idoia Urrutia Larrachea, Soledad Cuevas García-Dorado y Daniel López-García, personal investigador del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC, no se presenta como un análisis exhaustivo, sino como una aproximación exploratoria que complementa otros enfoques centrados en competitividad o rentabilidad.

Su principal aportación consiste en introducir criterios de resiliencia social y ambiental en el debate sobre quién necesita y quién merece recibir las ayudas de la PAC.

El informe concluye que existe un amplio margen para redirigir fondos hacia explotaciones que aportan más al desarrollo rural, la sostenibilidad ambiental y la cohesión territorial, sin perder de vista su estabilidad económica.

En un contexto marcado por el cambio climático, la despoblación, el relevo generacional y la presión sobre los recursos naturales, la futura PAC se perfila como una herramienta decisiva para definir qué modelo agrario quiere impulsar Europa durante la próxima década.