La Junta presenta alegaciones al futuro Plan Hidrológico 2028-2033 para impulsar nuevos regadíos, reforzar la regulación de agua y garantizar la viabilidad de las explotaciones agrarias

La Junta de Castilla y León ha defendido el papel estratégico de la agricultura de regadío en el desarrollo económico y social del medio rural a través de las alegaciones presentadas al Esquema Provisional de Temas Importantes (EPTI), documento que servirá de base para la elaboración del próximo Plan Hidrológico de la Demarcación del Duero 2028-2033. El Gobierno autonómico considera que la nueva planificación debe contemplar inversiones e infraestructuras que permitan ampliar la superficie regable, reforzar la capacidad de regulación y garantizar la seguridad jurídica de agricultores y comunidades de regantes.

Las propuestas remitidas a la Confederación Hidrográfica del Duero plantean una visión de la gestión del agua vinculada al desarrollo territorial y a la competitividad del sector agroalimentario. Según la Junta, el acceso al agua constituye un factor determinante para la creación de empleo, la generación de actividad económica, la incorporación de jóvenes agricultores y el fortalecimiento de la industria transformadora ligada al sector primario.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, considera que la planificación correspondiente al periodo 2028-2033 representa una oportunidad para definir el futuro productivo de la cuenca. En este sentido, ha defendido la necesidad de evitar planteamientos centrados exclusivamente en las restricciones al uso agrario del agua.

“La sostenibilidad de la cuenca no puede descansar sólo en reducir consumos y restringir los usos agrarios existentes, sino que debe apoyarse en la modernización del regadío, en una gestión eficiente del agua, en un incremento de la regulación, en nuevas infraestructuras y en ofrecer seguridad jurídica a los regantes, todo ello desde una triple sostenibilidad: económica, social y medioambiental”, ha subrayado.

Castilla y León plantea corregir el déficit histórico de regadío

Uno de los principales argumentos recogidos en las alegaciones hace referencia a la limitada superficie de regadío existente en la Comunidad. Castilla y León dispone actualmente de unas 550.000 hectáreas regables, lo que representa aproximadamente el 15 % de la superficie cultivable, una proporción inferior a la media nacional, situada en el 22,3 %.

A esta circunstancia se suma la menor capacidad de regulación hidráulica de la cuenca del Duero, que apenas alcanza el 30 %. El porcentaje contrasta con el registrado en otras grandes demarcaciones hidrográficas españolas, como las del Ebro, con una capacidad cercana al 50 %, o el Tajo, que alcanza el 90 %.

La Junta considera que esta situación limita las posibilidades de crecimiento del sector agrario y condiciona la competitividad de numerosas explotaciones, especialmente en un contexto de creciente irregularidad climática y mayor necesidad de garantizar la disponibilidad de recursos hídricos.

Más de 43.000 nuevas hectáreas en la propuesta autonómica

Con el objetivo de corregir esta situación, el Ejecutivo autonómico solicita que el futuro Plan Hidrológico incorpore nuevas zonas regables que permitan ampliar la superficie de regadío en más de 43.000 hectáreas.

Las actuaciones planteadas afectan a distintas comarcas de la Comunidad y contemplan desarrollos en los sectores Cea-Carrión, con 1.500 hectáreas; Armuña, con 24.000 hectáreas; Valduerna, con 3.100 hectáreas; Arandilla, con 1.200 hectáreas; Alaraz, con 315 hectáreas; Lastras de Cuéllar, con 6.000 hectáreas; el bombeo de Araviana-Tajahuerte, con 400 hectáreas; la zona regable de la margen izquierda del Tera, con 6.463 hectáreas; y Valdavia, con otras 600 hectáreas.

La mayor actuación prevista corresponde a la comarca salmantina de La Armuña, cuyo desarrollo estaría vinculado al incremento de regulación ya contemplado en la planificación hidráulica.

La Junta rechaza nuevas restricciones a las aguas subterráneas

Otro de los aspectos centrales de las alegaciones se refiere a la gestión de los recursos subterráneos. El documento elaborado por la Administración autonómica muestra su desacuerdo con la aplicación de limitaciones generalizadas a las concesiones existentes y a las solicitudes de modificación o renovación de aprovechamientos.

La Junta reclama que cada expediente sea evaluado individualmente mediante criterios técnicos y rechaza la aplicación automática de reducciones de entre el 10 % y el 25 % de los volúmenes concesionales cuando se produzcan cambios administrativos en los derechos de uso.

El Ejecutivo autonómico considera especialmente preocupante el planteamiento recogido en el EPTI respecto a la novación de concesiones. Según los propios datos incorporados al documento, esta medida podría provocar la conversión a secano de unas 32.000 hectáreas actualmente regadas.

Riesgo económico para miles de explotaciones

Las alegaciones advierten de que la aplicación de estas restricciones tendría consecuencias económicas directas para el sector agrario. El propio Esquema Provisional de Temas Importantes estima un impacto económico anual de 17,8 millones de euros y contempla el posible abandono de más de 3.000 explotaciones.

Frente a este escenario, la Junta propone impulsar una sustitución progresiva de recursos subterráneos por aguas superficiales allí donde sea técnicamente viable. Asimismo, plantea la creación de una Mesa de Trabajo entre las Comunidades de Usuarios de Aguas Subterráneas y la Confederación Hidrográfica del Duero con el fin de planificar de forma consensuada la evolución futura de estos sistemas de riego.

Los ahorros de agua no deben traducirse en recortes de derechos

La Administración autonómica también defiende que los procesos de modernización de regadíos no pueden derivar automáticamente en reducciones de las dotaciones reconocidas a los agricultores.

Según argumenta, las inversiones realizadas durante las últimas décadas han permitido mejorar de forma significativa la eficiencia hídrica mediante sistemas de riego más avanzados, automatización y tecnologías de control. Los ahorros obtenidos deben interpretarse como una mejora de la gestión del recurso y no como una justificación para disminuir los derechos concesionales existentes.

La posición de la Junta persigue ofrecer estabilidad a las comunidades de regantes y facilitar que continúen acometiendo inversiones orientadas a incrementar la eficiencia y la sostenibilidad de las explotaciones.

Gestión agronómica frente a restricciones generalizadas

En materia de calidad del agua, el documento apuesta por actuaciones específicas en aquellas masas donde exista una afección acreditada por contaminación difusa.

La Junta considera que las medidas deben apoyarse prioritariamente en herramientas de gestión agronómica y en sistemas de apoyo a la toma de decisiones que permitan optimizar la aplicación de fertilizantes. Entre ellas destaca SATIVUM, la plataforma desarrollada por el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, cuyo módulo de dosificación de fertilización se ha convertido en una referencia técnica para la gestión eficiente de nutrientes.

Gobernanza, inversiones y ejecución efectiva

Las alegaciones concluyen con una petición de refuerzo de los mecanismos de gobernanza asociados a la planificación hidrológica. La Junta reclama que el futuro plan incorpore compromisos presupuestarios verificables, calendarios concretos de ejecución, sistemas de seguimiento y mecanismos de rendición de cuentas.

Asimismo, solicita una mayor coordinación administrativa para agilizar la tramitación de proyectos y garantizar que el desarrollo de nuevos usos industriales o energéticos vinculados a las energías renovables no comprometa la disponibilidad de recursos para las actividades agrarias existentes.

Un debate abierto desde la anterior planificación

El debate sobre la gestión del agua en la cuenca del Duero no es nuevo. En 2022, el proyecto del vigente Plan Hidrológico fue rechazado en el Consejo del Agua del Duero por 42 votos frente a 34. Pese a la oposición expresada entonces por la Junta de Castilla y León y por las organizaciones de regantes, el documento fue finalmente aprobado mediante Real Decreto en enero de 2023.

Tres años después, la elaboración del nuevo ciclo de planificación vuelve a situar sobre la mesa cuestiones como la ampliación de los regadíos, la gestión de las aguas subterráneas, la modernización de infraestructuras y el equilibrio entre sostenibilidad ambiental y desarrollo económico en una de las principales regiones agrarias de Europa.