Urcacyl destaca en el Día Internacional de las Cooperativas el peso de un modelo que factura cerca de 4.000 millones de euros, mantiene 5.482 empleos directos y presta servicios esenciales a agricultores, ganaderos y municipios rurales.

El cooperativismo agroalimentario reúne en Castilla y León a más de 37.600 familias de agricultores y ganaderos, mantiene 5.482 puestos de trabajo directos y alcanza una facturación próxima a los 4.000 millones de euros. Urcacyl ha puesto estas cifras sobre la mesa con motivo del Día Internacional de las Cooperativas, que se celebra este sábado 4 de julio, para destacar la dimensión económica y territorial de unas empresas estrechamente vinculadas al campo y a los pueblos de la Comunidad.

Territorio

Las cooperativas agrarias permiten que una parte relevante del valor generado por la agricultura y la ganadería permanezca en el territorio. Sus socios son propietarios de las empresas, participan en las decisiones y reciben servicios ligados a la producción, la transformación y la comercialización.

Esta estructura resulta especialmente relevante en una comunidad extensa y con una elevada dispersión de población. En numerosos municipios rurales, la cooperativa figura entre las principales empresas, mantiene empleo estable, atrae actividad auxiliar y garantiza servicios que difícilmente encontrarían una alternativa cercana.

Su presencia también favorece la continuidad de explotaciones familiares. La agrupación de agricultores y ganaderos mejora la capacidad para comercializar cosechas y producciones, negociar condiciones, acometer inversiones y acceder a mercados que exigirían una escala difícil de alcanzar de manera individual.

Servicios

El trabajo cooperativo abarca mucho más que la venta conjunta de productos agropecuarios. Las entidades suministran semillas, fertilizantes, productos fitosanitarios, piensos, carburantes y otros recursos necesarios para el funcionamiento cotidiano de las explotaciones.

A estos servicios se suman el asesoramiento técnico, la formación, la información normativa, la gestión administrativa y el acompañamiento ante cambios productivos o exigencias ambientales. La cooperativa actúa así como punto de apoyo para socios que deben responder a una actividad cada vez más especializada.

También facilita la recepción, almacenamiento, transformación y salida comercial de cereales, leche, carne, vino, frutas, hortalizas y otras producciones. La seguridad en el cobro y la garantía de comercialización aportan estabilidad a explotaciones expuestas a la volatilidad de precios, los costes crecientes y la incertidumbre climática.

Dimensión

El Registro de Cooperativas contabilizaba 2.301 entidades de distintas clases en Castilla y León a 31 de mayo de 2026. La cifra incluye cooperativas de trabajo, agroalimentarias y de explotación comunitaria de la tierra, aunque una parte considerable carece ya de actividad efectiva.

En el ámbito agroalimentario, las cooperativas reúnen a más de 37.600 familias y emplean directamente a 5.482 personas. Su actividad genera además otros puestos de trabajo en transporte, mantenimiento, servicios técnicos, logística y empresas auxiliares.

La facturación cercana a los 4.000 millones de euros sitúa al cooperativismo entre las principales estructuras empresariales de la economía castellana y leonesa. Su capital pertenece a los propios socios y procede, en su mayor parte, de la actividad económica desarrollada dentro de la Comunidad.

Crecimiento

La evolución de las cooperativas ha estado ligada durante las últimas décadas a la profesionalización de la gestión, la concentración empresarial, la innovación y la modernización de las instalaciones.

Muchas entidades han ampliado su actividad mediante nuevas plantas de transformación, centros logísticos, bodegas, fábricas de piensos, almacenes y sistemas de gestión de datos. La incorporación de tecnologías de precisión, herramientas digitales y nuevos procesos industriales ha permitido mejorar la eficiencia y avanzar hacia productos con mayor valor añadido.

Este crecimiento ha modificado también la estructura interna. Las cooperativas han incorporado profesionales especializados en dirección, comercialización, calidad, internacionalización, producción, sostenibilidad y asesoramiento agronómico.

Comunidad

La repercusión de estas empresas alcanza al conjunto de los municipios donde se ubican. La actividad de una cooperativa sostiene talleres, transportistas, comercios, servicios profesionales y otras pequeñas empresas que forman parte de su cadena de suministro.

Sus fondos de educación y promoción se destinan también a actividades culturales, sociales, deportivas, formativas o asistenciales. Esta función comunitaria amplía el impacto del modelo más allá de sus socios y contribuye a mantener vida social en localidades con recursos limitados.

El cooperativismo combina así una dimensión empresarial con una organización basada en la participación. Cada socio forma parte de una estructura colectiva concebida para prestar servicios, comercializar producciones y distribuir resultados de acuerdo con la actividad cooperativizada.

Rochdale

El origen del cooperativismo moderno suele situarse en la localidad inglesa de Rochdale, donde 28 trabajadores textiles constituyeron en 1844 una sociedad para acceder a alimentos y productos básicos en mejores condiciones.

Los llamados Pioneros de Rochdale establecieron principios que continúan ligados a la identidad cooperativa, como la adhesión voluntaria, la gestión democrática, la participación económica de los socios, la educación y la ayuda mutua.

El modelo se extendió por Europa como respuesta a las transformaciones sociales provocadas por la industrialización. Su implantación en el campo adquirió características propias, relacionadas con el acceso al crédito, la compra conjunta de suministros y la comercialización de las cosechas.

Regulación

En España, la Ley de Sindicatos Agrícolas de 1906 proporcionó uno de los primeros marcos jurídicos para el desarrollo del asociacionismo agrario. La norma permitió constituir entidades destinadas a adquirir maquinaria, semillas, abonos y animales reproductores, organizar campañas contra plagas y facilitar la venta conjunta.

También favoreció la creación de mutualidades y secciones de crédito, que ofrecieron financiación a agricultores con escaso acceso al sistema bancario. Los antiguos pósitos y otras estructuras locales encontraron así nuevas vías para prestar apoyo económico a las explotaciones.

La legislación impulsó la expansión de sindicatos agrícolas y cajas rurales, antecedentes de numerosas cooperativas actuales. El modelo permitió reducir costes, compartir riesgos y aumentar la capacidad de negociación de pequeños y medianos productores.

Castilla y León

La Ley de 1906 tuvo una aplicación intensa en Castilla y León, donde se crearon sindicatos agrícolas en numerosos pueblos. Muchas de estas entidades funcionaban en la práctica como cooperativas mixtas: compraban suministros, compartían maquinaria, comercializaban cosechas y ofrecían crédito.

La doctrina social católica influyó de manera notable en este proceso. Parroquias, organizaciones agrarias y promotores sociales impulsaron asociaciones destinadas a proteger al campesinado frente a la usura y a mejorar sus condiciones económicas.

La actual Cooperativa Agrícola Regional de Carrión de los Condes hunde sus raíces en uno de esos proyectos. El Sindicato Agrícola constituido en 1909 bajo el impulso del jesuita Sisinio Nevares comenzó con 42 socios y experimentó un rápido crecimiento durante las décadas siguientes.

Su evolución ejemplifica la capacidad de estas organizaciones para adaptarse a distintos contextos políticos, económicos y productivos sin perder la vinculación con los agricultores del territorio.

Crédito

Las cajas rurales desempeñaron un papel decisivo en la extensión del cooperativismo agrario. Inspiradas en sistemas europeos de ayuda mutua y responsabilidad solidaria, canalizaron ahorro local y facilitaron financiación para modernizar las explotaciones.

En Salamanca, la sección de crédito de la Federación de Sindicatos Agrícolas Católicos Salmantinos, constituida en 1916, se encuentra en el origen de la actual Caja Rural de Salamanca. Con el paso del tiempo nacieron entidades similares en otras provincias, estrechamente vinculadas a la agricultura y a las cooperativas.

El acceso al crédito hizo posible adquirir maquinaria, ampliar instalaciones, mejorar cultivos y acometer inversiones colectivas. Las cajas rurales contribuyeron así al nacimiento y crecimiento de numerosas cooperativas cerealistas, ganaderas, vitivinícolas y de otros sectores.

Modernización

Otro elemento relevante fue la creación de los Servicios de Extensión Agraria, que desplegaron durante décadas técnicos por el medio rural para divulgar conocimientos, mejorar la productividad e introducir innovaciones.

Sus agentes colaboraron con agricultores y ganaderos en procesos de mecanización, formación, gestión y organización colectiva. De ese trabajo surgieron o se reforzaron cooperativas y sociedades agrarias de transformación que todavía mantienen actividad.

La extensión agraria facilitó el tránsito desde una agricultura basada en conocimientos transmitidos dentro de cada familia hacia otra progresivamente profesionalizada, con mayor acceso a tecnología, información y planificación económica.

Futuro

Las cooperativas afrontan ahora desafíos relacionados con el relevo generacional, la concentración de la producción, la digitalización, el cambio climático y la necesidad de incorporar más valor a los productos.

Su capacidad para agrupar explotaciones y compartir inversiones puede resultar decisiva para adoptar nuevas tecnologías, afrontar exigencias ambientales y mejorar la posición de agricultores y ganaderos dentro de la cadena alimentaria.

El cooperativismo ha acompañado durante más de un siglo la transformación del campo castellano y leonés. Su continuidad dependerá de mantener la participación de los socios, profesionalizar la gestión y ofrecer respuestas útiles a explotaciones sometidas a cambios cada vez más rápidos.