El Consejo Regulador pide recuperar la licencia ambiental para las instalaciones ganaderas intensivas, fijar distancias respecto a viñedos y bodegas y evaluar el impacto acumulado de las plantas de biogás.
El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero ha presentado el Manifiesto por un territorio vitivinícola protegido, una declaración que reclama a la Junta de Castilla y León una ordenación capaz de compatibilizar la actividad agraria, la producción de vino, el paisaje y el enoturismo.
El documento solicita una modificación normativa que reintroduzca la evaluación ambiental previa para las instalaciones ganaderas intensivas y las plantas de biogás situadas en el ámbito de la denominación. También plantea distancias mínimas respecto a viñedos, bodegas, establecimientos turísticos y núcleos rurales.
Regulación
El Consejo Regulador sitúa el origen del problema en los cambios introducidos por el Decreto-Ley 4/2020 de Castilla y León, aprobado para simplificar trámites y favorecer la reactivación económica después de la pandemia.
Según el manifiesto, esta modificación permitió que numerosas instalaciones ganaderas pasaran del régimen de licencia al de comunicación ambiental, reduciendo la evaluación técnica previa de proyectos con posibles efectos sobre el entorno.
La denominación pide revisar este marco para que los procedimientos tengan en cuenta el tamaño de las instalaciones, su ubicación, la proximidad a otras actividades y la acumulación de distintos proyectos dentro de un mismo territorio.
Compatibilidad
El presidente del Consejo Regulador, Enrique Pascual, ha defendido que la iniciativa busca ordenar la convivencia entre actividades económicas presentes en el medio rural.
«No es un manifiesto contra la ganadería ni contra ningún sector de la economía rural. Es un manifiesto a favor de la ordenación responsable del territorio y de la compatibilidad real entre usos productivos», ha señalado.
Pascual ha situado la cuestión en la capacidad de la regulación para distinguir entre instalaciones compatibles y proyectos cuyo tamaño, proximidad o impacto acumulado puedan afectar a otros sectores.
Impactos
El documento se apoya en un informe encargado en 2021 al Gabinete de Ingeniería Rural. Ese estudio analiza la presencia de compuestos como amoniaco, ácido sulfhídrico, p-cresol y escatol y las distancias a las que sus concentraciones podrían afectar al entorno de los viñedos y a las condiciones de trabajo en las bodegas.
La preocupación se extiende a las plantas de biogás y a los proyectos de valorización energética de purines. El Consejo Regulador solicita que su tramitación examine tanto el efecto directo de cada instalación como el impacto conjunto que puede producir la concentración de explotaciones, transporte de residuos y actividad energética.
La petición incluye también el paisaje, la calidad del aire y la experiencia de quienes visitan o residen en los municipios de la Ribera del Duero.
Medidas
El manifiesto recoge cinco actuaciones dirigidas a la Junta de Castilla y León. La primera consiste en restaurar la licencia ambiental ordinaria para las instalaciones ganaderas intensivas situadas dentro del territorio de la denominación.
La segunda plantea establecer distancias mínimas, sustentadas en criterios técnicos, respecto a viñedos, bodegas, establecimientos de enoturismo y localidades rurales.
El documento solicita además revisar el Decreto-Ley 4/2020, dotar a los ayuntamientos de instrumentos para ordenar el suelo con seguridad jurídica y crear un mecanismo permanente de coordinación entre el Consejo Regulador, las organizaciones agrarias, las entidades locales y la Administración autonómica.
Economía
La declaración respalda sus peticiones con el estudio sobre la contribución socioeconómica de Ribera del Duero elaborado por PwC en 2025.
El informe cifra en 1.333 millones de euros la aportación total de la actividad vinculada a la producción de vino y al enoturismo al producto interior bruto español. De esta cantidad, 1.254 millones proceden de la producción y comercialización vinícola y 79 millones de la actividad turística.
El conjunto sostiene 20.916 empleos directos, indirectos, tractores e inducidos. Cerca de 19.552 están relacionados con la producción de vino y otros 1.364 con el enoturismo.
La contribución fiscal y parafiscal se sitúa en 459 millones de euros anuales, generados mediante cotizaciones sociales, impuesto de sociedades, IVA e IRPF.
Población
El Consejo Regulador vincula la protección del territorio con la continuidad de la actividad económica en municipios expuestos a la pérdida de población.
La viticultura, las bodegas, los servicios auxiliares y el turismo generan empleo distribuido entre las provincias que integran la denominación. Su presencia favorece también la actividad de alojamientos, restaurantes, comercios, empresas de transporte y servicios profesionales.
El informe de PwC calcula que el 71% del impacto laboral permanece en Castilla y León. El manifiesto considera que la calidad del paisaje, del aire y del entorno influye asimismo en la capacidad de los municipios para atraer residentes, trabajadores y proyectos empresariales.
Ayuntamientos
Las entidades locales ocupan un lugar destacado en las reivindicaciones. El Consejo Regulador considera que los ayuntamientos necesitan herramientas urbanísticas y ambientales claras para decidir sobre los proyectos sin asumir riesgos jurídicos derivados de una normativa insuficiente.
La propuesta plantea criterios comunes para todo el ámbito de la denominación, frente a una sucesión de decisiones municipales adoptadas de manera aislada.
El mecanismo de coordinación solicitado permitiría compartir información sobre los expedientes, evaluar sus efectos territoriales y ofrecer mayor seguridad a viticultores, ganaderos, bodegas, promotores y administraciones.
Adhesiones
El manifiesto nace con el respaldo de bodegas, cooperativas, viticultores, asociaciones empresariales y entidades locales. También se han sumado consejos reguladores de otras denominaciones de origen, entre ellas Rioja, Jerez, Bierzo, Cariñena y Arlanza.
La declaración permanece abierta a organizaciones, instituciones, empresas y particulares. Sus destinatarios principales son la Presidencia de la Junta, la consejería competente en medio ambiente y ordenación territorial, los grupos de las Cortes de Castilla y León y los ayuntamientos de la zona.
La iniciativa plantea la protección de la Ribera del Duero como una cuestión económica, ambiental y demográfica para el medio rural castellano y leonés.
Datos clave
- Documento: Manifiesto por un territorio vitivinícola protegido.
- Impulsor: Consejo Regulador de la D.O. Ribera del Duero.
- Presentación: 1 de julio de 2026.
- Lugar: sede del Consejo Regulador en Roa.
- Impacto en el PIB: 1.333 millones de euros.
- Empleo sostenido: 20.916 puestos de trabajo.
- Contribución fiscal: 459 millones de euros anuales.
- Visitantes registrados en 2023: más de 600.000.
- Estudio económico: PwC, 2025.
- Ámbitos afectados: viñedo, bodegas, paisaje, enoturismo y núcleos rurales.
Cinco peticiones
- Recuperar la licencia ambiental ordinaria para las instalaciones ganaderas intensivas.
- Establecer distancias mínimas respecto a viñedos, bodegas, alojamientos y poblaciones.
- Revisar el régimen de comunicación ambiental del Decreto-Ley 4/2020.
- Facilitar a los ayuntamientos instrumentos de ordenación con seguridad jurídica.
- Crear un mecanismo estable de consulta y coordinación territorial.
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