_{Esther Duque
Directora AGrural}

Al otro lado de las imágenes de las llamas aparecen cercados, naves, colmenas, pastos, frutales, viñedos y parcelas que los profesionales llevan trabajando desde hace años. Aparecen animales que necesitan agua y alimento, explotaciones aisladas por una carretera cortada y familias que observan cómo el fuego se acerca al lugar donde viven y también al lugar del que viven.

Para comprender el daño hay que mirar más allá del perímetro calcinado.

En el campo, la vivienda y el trabajo suelen compartir dirección. Cuando llega una orden de evacuación, un ganadero puede abandonar su casa, aunque difícilmente deja atrás un rebaño con la misma rapidez. Antes de marcharse comprueba los bebederos, abre una cancela, intenta trasladar los animales, busca una parcela segura o llama a otro productor para pedir un remolque. Cada minuto cuenta y cada decisión pesa.

Esa realidad se vuelve aún más dura cuando al frente de la explotación se encuentra una persona mayor. Castilla y León conserva un sector agrario sostenido durante décadas por hombres y mujeres que conocen cada camino, cada lindero y cada cambio del viento. Muchos continúan trabajando después de la edad de jubilación porque la actividad agroganadera forma parte de su vida y porque alguien tiene que cuidar los animales, revisar una bomba o llevar alimento hasta una finca.

También hay agricultores y ganaderos con discapacidad o con dificultades de movilidad, visión, audición o comunicación. En una emergencia, cualquier barrera cotidiana crece. Una llamada que llega tarde, una instrucción poco clara, un acceso bloqueado o la ausencia de transporte adaptado pueden convertir una situación complicada en un riesgo grave.

La protección civil necesita incorporar esa diversidad del medio rural. Los planes de evacuación deben conocer dónde existen explotaciones habitadas, personas que viven solas, trabajadores de edad avanzada y productores que precisan algún apoyo. También deben prever el traslado de animales, la apertura de corredores seguros, el abastecimiento de agua, pienso y forraje y la atención veterinaria después del incendio.

Resulta fácil pedir a quien vive en el campo que abandone todo y se ponga a salvo. Resulta más difícil comprender lo que significa dejar una nave llena de animales, una cosecha pendiente, la maquinaria comprada con años de esfuerzo o una explotación que sostiene la economía familiar. La vida ocupa siempre el primer lugar, aunque protegerla exige órdenes claras, medios suficientes y alternativas viables.

Cada verano vemos tractores abriendo franjas, cisternas transportando agua y agricultores guiando a los equipos por caminos que apenas aparecen en los mapas. Esa colaboración nace del conocimiento del terreno y del compromiso con los vecinos. Conviene evitar que la épica sustituya a la seguridad. Quien participa en una emergencia necesita coordinación, equipos adecuados y una dirección profesional que reduzca la exposición al peligro.

El sector agrario constituye una parte esencial de la prevención. Los cultivos, los pastos aprovechados, el ganado extensivo, los caminos transitables y las parcelas cuidadas crean discontinuidades en el territorio. La agricultura y la ganadería mantienen paisaje, actividad y presencia humana. Allí donde hay trabajo estable suele haber alguien que detecta humo, limpia un acceso, avisa a tiempo y conoce la ruta más corta hasta una fuente o un depósito.

Por eso la política forestal y la política agraria deben avanzar juntas. Cuidar el monte implica gestionar vegetación, facilitar el pastoreo, mantener infraestructuras, ordenar aprovechamientos y favorecer explotaciones capaces de permanecer abiertas. Las restricciones generales precisan escuchar la realidad de cada comarca, porque una norma diseñada lejos del terreno puede dificultar precisamente las labores que ayudan a conservarlo.

Después llegan las cenizas y comienza otra emergencia menos visible. Falta pasto, el agua puede quedar contaminada, los animales sufren estrés, aparecen lesiones, se pierden vallados y el alimento almacenado deja de servir. Una explotación puede sobrevivir a las llamas y quedar paralizada durante semanas. En ese momento hacen falta ayudas ágiles, peritaciones rápidas, anticipos, suministro de forraje, atención veterinaria y soluciones para recuperar instalaciones y superficie productiva.

La burocracia pesa especialmente sobre quien acaba de perder una parte de su trabajo. Pedir documentos, fotografías y certificados resulta comprensible para ordenar las ayudas, aunque la Administración dispone de herramientas para acompañar, comprobar sobre el terreno y simplificar los trámites. Una persona mayor, una familia evacuada o un profesional que atiende cientos de animales necesita respuestas, no una carrera de ventanilla en ventanilla.

Los incendios también alcanzan a cooperativas, industrias, transportistas, mataderos, almacenes, comercios y pequeños negocios vinculados a la producción primaria. Cuando una explotación se detiene, la onda se extiende por toda la cadena alimentaria y golpea con mayor fuerza a los pueblos que cuentan con pocas alternativas económicas.

El campo que arde produce alimentos, conserva pueblos y guarda la memoria de quienes lo han trabajado. Su pérdida se mide en hectáreas, aunque se comprende mejor al escuchar a quien ha visto desaparecer una nave, ha tenido que soltar el ganado para salvarlo o ha regresado a una finca convertida en tierra negra.

Detrás de cada incendio hay personas. Algunas tienen fuerza para empezar de nuevo. Otras llegan a esta emergencia después de una vida entera de trabajo, con una salud frágil, una discapacidad o la incertidumbre de quién continuará la explotación. Todas merecen una respuesta que mire sus circunstancias, preserve su dignidad y les permita seguir vinculadas al territorio.

Apagar el fuego resulta urgente. Sostener a quienes permanecen cuando se marchan los últimos medios constituye el verdadero compromiso con el medio rural.