La Junta de Castilla y León ha resuelto las primeras ayudas directas destinadas a las explotaciones agrarias afectadas por los incendios forestales de este verano. El BOCYL ha publicado este 18 de agosto una primera relación de 339 agricultores, ganaderos y apicultores profesionales que recibirán 5.500 euros por explotación, lo que moviliza inicialmente 1.864.500 euros en las provincias de Ávila, León, Segovia y Zamora. La cantidad constituye un primer apoyo y podrá incrementarse posteriormente hasta un máximo de 25.000 euros en función de los daños finalmente acreditados.

La resolución adelanta así una parte de las compensaciones mientras continúa la valoración sobre el terreno de cultivos, ganado, colmenas e infraestructuras agrarias dañadas. El primer listado tampoco cierra el número de beneficiarios. La Consejería de Agricultura prevé incorporar nuevas explotaciones conforme avance su identificación y la evaluación de las pérdidas ocasionadas por los distintos incendios.

De 5.500 a 25.000 euros según los daños

Los 5.500 euros constituyen la cuantía mínima reconocida a los profesionales incluidos en esta primera resolución, pero no el importe definitivo de la indemnización. La Junta ha establecido un límite de 25.000 euros por beneficiario que dependerá de la superficie agrícola afectada, las pérdidas de animales, colmenas y otros daños que contemple la valoración administrativa. Los baremos concretos deberán ser aprobados próximamente.

La fórmula pretende adelantar liquidez sin esperar a que concluya todo el proceso de peritación. Por las circunstancias de fuerza mayor asociadas a los incendios, la ayuda se considera aceptada desde la publicación de la resolución en el BOCYL, simplificando así la tramitación inicial para los profesionales ya identificados.

Los 339 primeros beneficiarios reciben 5.500 euros por explotación, aunque la ayuda podrá alcanzar los 25.000 euros cuando los daños valorados superen esa cantidad.

La Administración valorará directamente las superficies quemadas

El procedimiento cambia según el tipo de pérdida. Los agricultores profesionales con daños en superficies agrícolas superiores a los primeros 5.500 euros no tendrán que presentar una declaración responsable para solicitar el incremento, ya que será la propia Administración autonómica la que cuantifique la superficie y las pérdidas correspondientes.

Sí deberán presentar esa declaración los profesionales que hayan perdido ganado o colmenas cuando el importe de esos daños supere la ayuda mínima. Esta diferenciación responde a la posibilidad de que la Administración determine directamente las superficies afectadas mediante sus propios sistemas de evaluación, mientras las bajas de animales y colmenas necesitan información específica de cada explotación.

La medida alcanza en esta primera fase a titulares profesionales de explotaciones situadas en zonas afectadas de Ávila, León, Segovia y Zamora, cuatro de las provincias donde el fuego ha causado daños agrarios durante el verano.

Los no profesionales tendrán un procedimiento diferente

El acuerdo distingue entre profesionales agrarios y titulares que desarrollan la actividad sin esa consideración. Estos últimos no acceden automáticamente a la ayuda mínima de 5.500 euros, aunque podrán recibir compensaciones en función de los daños declarados cuando la Junta apruebe las condiciones de las siguientes fases.

Para acceder a ellas deberán haber presentado la solicitud única de la PAC de 2026 en Castilla y León o figurar en los registros oficiales correspondientes. La cuantía se determinará en función de las pérdidas acreditadas y de los criterios que establezcan los próximos acuerdos autonómicos.

Esta diferencia resulta relevante porque los 1,86 millones activados ahora corresponden exclusivamente al primer bloque de agricultores, ganaderos y apicultores profesionales identificados, por lo que todavía no representan el coste total de las ayudas al sector agrario por los incendios de 2026.

Un primer pago antes de conocer la factura completa del fuego

Las pérdidas en una explotación pueden acumular consecuencias muy distintas. A la superficie cultivada o de pastos quemada se añaden animales muertos o desaparecidos, colmenas destruidas, cerramientos, instalaciones y otros elementos productivos que condicionan la capacidad para continuar trabajando después del incendio.

Por ello, los 5.500 euros funcionan fundamentalmente como una ayuda inicial destinada a mantener actividad y atender necesidades inmediatas, mientras la valoración individual determinará qué explotaciones necesitan cantidades superiores. La Junta ha integrado estas subvenciones dentro del programa autonómico de recuperación de las zonas afectadas, que contempla también actuaciones para familias, empresas, autónomos y municipios.

La rapidez de este primer bloque permite que la ayuda llegue antes de terminar agosto, pero la dimensión definitiva del apoyo al campo dependerá ahora de dos procesos todavía abiertos: la incorporación de nuevos afectados y la cuantificación de los daños de quienes ya figuran en la resolución.