Castilla y León adelanta a septiembre 575,9 millones de la PAC La Junta ha comenzado a abonar el 75 % de las ayudas directas de 2026 a 48.638 agricultores y ganaderos, más del 90 % de los potenciales beneficiarios. El pago incorpora 514,5 millones vinculados a superficies, ecorregímenes y ayudas asociadas y alcanza también al vacuno extensivo, leche, ovino y caprino, mientras los expedientes pendientes podrán entrar en un segundo anticipo durante la segunda quincena de octubre. Castilla y León ha comenzado este 23 de septiembre a transferir 575,9 millones de euros correspondientes al anticipo de las ayudas directas de la PAC 2026 a 48.638 agricultores y ganaderos, un desembolso equivalente al 75 % de las cantidades que corresponden a los expedientes incluidos en esta primera relación y que llega cuando buena parte de las explotaciones afronta los gastos de la próxima sementera. La operación incorpora a más del 90 % de los potenciales beneficiarios y aprovecha la excepcionalidad aprobada este año por la Unión Europea para adelantar los pagos antes del calendario habitual de octubre. La Junta sostiene que Castilla y León ha sido la primera comunidad autónoma española en materializar esta posibilidad durante septiembre. La afirmación corresponde a la Administración autonómica, mientras el marco jurídico europeo sí confirma un cambio sustancial respecto a campañas anteriores. El Reglamento (UE) 2026/1768 ha permitido para la solicitud única de 2026 elevar hasta el 75 % el anticipo de los pagos directos y efectuarlo antes del 16 de octubre, una flexibilización adoptada ante el aumento de los precios de los fertilizantes provocado por la crisis de Oriente Próximo. El adelanto representa, por tanto, liquidez anticipada sobre ayudas ya correspondientes a la campaña 2026 y no una subvención adicional. La diferencia resulta importante para valorar su efecto económico. El productor recibe antes una parte de la PAC que percibiría posteriormente y puede utilizarla precisamente durante una de las fases con mayor concentración de costes del ciclo agrícola, cuando se compran semillas, fertilizantes, gasóleo y otros insumos de la próxima campaña. Sementera El calendario adquiere especial relevancia este año por la situación del cereal, principal cultivo extensivo de Castilla y León. La estimación autonómica sitúa la producción de cereal de invierno en 4,90 millones de toneladas, un 41,8 % por debajo de 2025, mientras la superficie sembrada ha descendido un 13 %. La comparación interanual parte de una cosecha excepcionalmente elevada el pasado ejercicio, aunque el volumen previsto para 2026 también se sitúa alrededor de un 21 % por debajo de la media de los últimos cinco años. La caída se explica tanto por la reducción de superficie como por unos rendimientos medios que han bajado hasta aproximadamente 3.111 kilos por hectárea, con diferencias importantes entre provincias. Castilla y León había recogido 8,42 millones de toneladas en 2025 y la previsión para este año se queda en 4,896 millones. A esa menor producción se ha sumado una estructura de costes todavía elevada. La Consejería estima pérdidas de entre 200 y 400 euros por hectárea en determinados cereales de secano, una horquilla elaborada a partir de sus propios estudios y que, por tanto, debe entenderse como estimación administrativa y no como resultado uniforme para todas las explotaciones. En ese escenario, disponer de la PAC durante septiembre puede reducir las necesidades de financiación a corto plazo de explotaciones que deben volver a sembrar después de una campaña más corta en producción y con márgenes presionados por semillas, fertilización, energía y carburantes. Pagos De los 575,9 millones de euros, 514,5 millones corresponden a intervenciones ligadas a superficie. El mayor volumen procede de la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, a la que se añaden el pago redistributivo, el complemento para jóvenes agricultores, los ecorregímenes y distintas ayudas asociadas a cultivos. Entre estas últimas figuran producciones como legumbres, proteaginosas o remolacha. El anticipo incorpora además ayudas asociadas ganaderas que excepcionalmente se han incluido al mismo tiempo que las de superficie. En esta primera relación entran el vacuno extensivo de carne, la producción de leche de vaca y los sectores ovino y caprino. El vacuno de cebo queda fuera del anticipo de septiembre porque todavía faltan los datos necesarios para determinar los animales subvencionables en cada expediente. Intervención Situación en el anticipo Ayuda básica a la renta Incluida Pago redistributivo Incluido Complemento para jóvenes Incluido Ecorregímenes Incluidos Ayudas asociadas por superficie Incluidas Vacuno extensivo de carne Incluido Leche de vaca Incluida Ovino y caprino Incluidos Vacuno de cebo Pendiente La amplitud del pago resulta significativa porque los anticipos necesitan haber superado previamente los controles administrativos y sobre el terreno exigidos por la normativa. La Junta asegura que el trabajo de revisión ha permitido incorporar durante septiembre a más del 90 % de los posibles perceptores. Los expedientes que todavía requieren comprobaciones podrán incorporarse a un nuevo pago previsto para la segunda quincena de octubre. Excepción La posibilidad de pagar antes del 16 de octubre constituye una de las principales novedades de la campaña 2026. La reforma europea aprobada durante el verano ha modificado excepcionalmente el régimen de anticipos ante el impacto de los precios de los fertilizantes. Para este ejercicio, los Estados miembros pueden llegar al 75 % de las ayudas directas y empezar a desembolsarlas antes de mediados de octubre, frente al calendario ordinario que concentraba estos anticipos a partir de esa fecha. La Comisión ha introducido además las reglas contables necesarias para que los pagos realizados anticipadamente mantengan su encaje dentro del FEAGA. El Reglamento de Ejecución (UE) 2026/1906 establece que los anticipos satisfechos antes del 16 de octubre se considerarán, a efectos de declaración comunitaria, efectuados durante noviembre. La modificación resulta especialmente relevante porque permite trasladar liquidez a las explotaciones varias semanas antes sin modificar la naturaleza de las ayudas ni aumentar por esa vía la cantidad final de PAC correspondiente a cada beneficiario. Controles Pagar antes tampoco elimina las exigencias de control. La normativa europea mantiene la obligación de completar las verificaciones que permiten determinar la admisibilidad de las superficies, animales y prácticas declaradas. La Consejería afirma haber adaptado procedimientos y utilizado la información disponible en el sistema integrado de gestión y control para cerrar durante septiembre una parte muy elevada de los expedientes. Esta cuestión explica por qué el 75 % autorizado por Bruselas representa un límite máximo de anticipo y no implica que todos los expedientes de la Comunidad puedan recibir automáticamente el dinero en la misma fecha. Los casos con incidencias, verificaciones abiertas o datos todavía incompletos deben esperar hasta que el organismo pagador pueda determinar correctamente la ayuda. El segundo anticipo previsto para octubre tendrá precisamente esa función, incorporar solicitudes que hayan quedado fuera de la primera relación una vez completadas las comprobaciones. Ganadería El efecto financiero también alcanza a las explotaciones ganaderas, especialmente aquellas que dependen de la compra de alimentación cuando el pasto resulta insuficiente. La Junta vincula las necesidades de liquidez del sector con el coste de los factores de producción, los episodios sanitarios y la falta de pastos registrada en determinadas zonas, que ha obligado a suplementar las raciones. La entrada simultánea de determinadas ayudas ganaderas junto a los pagos por superficie permite adelantar una parte de los fondos a explotaciones de vacuno extensivo, leche, ovino y caprino, aunque el alcance económico varía considerablemente según orientación, dimensión, número de animales elegibles y régimen de ayuda. Reforma El pago de 2026 coincide además con un debate de mayor recorrido sobre la arquitectura de la PAC posterior a 2027. La Junta ha vuelto a defender que la política agraria conserve un presupuesto propio y diferenciado, mantenga su carácter común y priorice renta, producción y competitividad. También ha expresado su rechazo a una posible integración de los fondos agrarios dentro de instrumentos financieros europeos más amplios y a mecanismos que, a su juicio, puedan aumentar las diferencias entre Estados. Estas posiciones forman parte del planteamiento político de la Administración castellana y leonesa ante la negociación de la siguiente PAC y deben diferenciarse de la información estrictamente vinculada al pago iniciado este septiembre. La Consejería ha añadido entre sus reivindicaciones la simplificación de controles, mayor interoperabilidad entre administraciones y procedimientos que permitan corregir determinados errores antes de imponer sanciones cuando quede descartado el fraude. También reclama reciprocidad en los acuerdos comerciales con terceros países y condiciones equivalentes en materias sanitarias, medioambientales, laborales y de bienestar animal. Liquidez La principal consecuencia inmediata del desembolso se observará, sin embargo, mucho antes que el resultado de ese debate europeo. 48.638 agricultores y ganaderos comienzan a recibir durante septiembre el 75 % de sus ayudas directas, justo cuando las explotaciones agrícolas vuelven a concentrar compras para preparar la nueva campaña. En una comunidad donde el cereal de invierno ha perdido cerca de 3,5 millones de toneladas respecto al extraordinario volumen obtenido un año antes y donde la superficie sembrada también ha retrocedido, adelantar varias semanas parte de la PAC modifica el calendario financiero de miles de explotaciones, aunque deja intactos los problemas estructurales relacionados con costes, precios, productividad y márgenes. La diferencia de 2026 está precisamente ahí. La PAC aporta la misma función de apoyo a la renta, pero una parte sustancial de ese dinero ha llegado cuando todavía se está decidiendo cuánto sembrar, qué fertilización asumir y qué financiación necesitará la explotación para volver a empezar el ciclo., exportaciones de miel, sector apícola, miel española, fraude en la miel, etiquetado de la miel, apicultores, ISA, PAC, varroa, importaciones de miel, precios en origen, consumo de miel

El sector apícola refuerza su posición internacional mientras reclama precios justos y más transparencia

Las exportaciones españolas de miel registraron en 2025 un incremento del 12% en volumen y del 8,7% en valor, consolidando una balanza comercial positiva y reforzando el posicionamiento del sector apícola nacional en los mercados internacionales. Así lo destacó el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación durante la reunión de la Mesa Sectorial Apícola, en la que se analizó la evolución reciente del sector y sus principales indicadores productivos, comerciales y estructurales.

Según el MAPA, estos datos reflejan el reconocimiento internacional de la calidad de las mieles españolas, así como el impacto de las medidas de apoyo articuladas en los últimos ejercicios para mejorar la competitividad del sector.

Recuperación productiva y fortaleza estructural del sector

La reunión estuvo presidida por la secretaria general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria, Ana Rodríguez, quien subrayó que la producción de miel se recuperó en 2024, último ejercicio con datos cerrados, con un aumento del 21% respecto a 2023, tras un periodo especialmente adverso marcado por dificultades climáticas y sanitarias.

Los datos más recientes apuntan además a una ligera recuperación del tejido productivo, ya que en 2026 el número de explotaciones apícolas ha crecido un 0,7% respecto a 2025, de las cuales el 17% tienen carácter profesional.

España continúa así a la cabeza de la Unión Europea tanto en número de colmenas como en tasa de profesionalización, una posición que sitúa al sector apícola español como actor estratégico dentro del mercado comunitario.

Ejecución de la Intervención Sectorial Apícola

Durante el encuentro también se abordó la ejecución de la Intervención Sectorial Apícola (ISA) correspondiente a la campaña 2024-2025, cuya aplicación ha superado el 90% del presupuesto disponible, lo que evidencia el elevado grado de utilización de estas ayudas por parte del sector.

La línea con mayor demanda ha sido la destinada a tratamientos frente a la varroa y otros problemas sanitarios, uno de los principales retos estructurales para la viabilidad de las explotaciones apícolas.

Nuevo etiquetado del origen de la miel en 2026

En el ámbito normativo, el MAPA recordó que en junio de 2026 entrarán en vigor las nuevas disposiciones sobre el etiquetado del origen de la miel, que obligarán a indicar, en el campo visual principal, la lista de países de recolección y el porcentaje correspondiente a cada uno, en orden decreciente.

Esta medida, largamente demandada por el sector, reforzará la transparencia y la información al consumidor, facilitando una elección de compra más consciente y alineada con el origen real del producto.

Investigación, PAC y nuevas oportunidades de financiación

El Ministerio destacó asimismo la reactivación del convenio de colaboración con la Universitat Politècnica de València para el periodo 2025-2028, con el objetivo de caracterizar de forma rigurosa las mieles monoflorales españolas y consolidar una base de datos sólida que respalde al sector ante futuras revisiones normativas.

Durante la mesa sectorial también se analizaron cuestiones relativas a la futura Política Agraria Común y a la modificación del reglamento de la Organización Común de Mercados Agrícolas (OCMA), que garantizará la continuidad de la Intervención Sectorial Apícola y abre nuevas oportunidades de financiación para el sector.

Promoción y valorización de la miel española

En materia de promoción alimentaria, el MAPA ha intensificado las acciones de apoyo a la miel española mediante su presencia destacada en ferias y eventos nacionales e internacionales de referencia como Madrid Fusión, Alimentaria, Biofach, ISM Middle East y Salón Gourmets.

En estos foros se han desarrollado mesas redondas, showcookings y presentaciones vinculadas a figuras de calidad diferenciada, con el objetivo de reforzar el posicionamiento de la miel española y poner en valor su origen y excelencia. Estas actuaciones tendrán continuidad en 2026, junto con nuevas iniciativas de comunicación orientadas a impulsar el consumo de miel nacional.

Catas reivindicativas para denunciar el fraude y reclamar precios justos

En paralelo, el sector apícola intensifica su movilización social. El próximo 3 de marzo, apicultores y consumidores organizarán catas de miel reivindicativas en 15 ciudades españolas para denunciar el fraude en el sector y reclamar precios justos en origen.

La iniciativa está impulsada por el sector apícola de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Federación de Consumidores y Usuarios (CECU), y se desarrollará frente a supermercados y espacios públicos bajo el lema: “Busca tu apicultor/a de cercanía. Huye de las mezclas. Miel de verdad y de proximidad”.

El objetivo es que los consumidores puedan comprobar de forma directa la diferencia entre la miel de proximidad y los productos mezclados procedentes de terceros países, que dominan actualmente los lineales comerciales.

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Fraude detectado y presión sobre los apicultores

Esta denuncia se apoya en el informe De las colmenas, publicado por la Comisión Europea en 2023, tras una acción coordinada de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea y la Dirección General de Salud de la Comisión Europea, que reveló que el 51% de las mieles analizadas en frontera española incumplían la normativa comunitaria.

Entre los principales fraudes detectados figuran la dilución con jarabes baratos, la ultrafiltración para eliminar el rastro del origen y la falsificación de procedencia. Según COAG y CECU, estos riesgos se concentran en las mieles mezcladas, que representan el 80% de las comercializadas al por menor en la UE.

Importaciones masivas y rentabilidad en riesgo

La situación se agrava, denuncian ambas organizaciones, porque mientras los lineales se llenan de miel low cost, los apicultores españoles perciben 3,37 €/kg de media por la miel milflores a granel (campaña 2024/2025), un precio que no cubre los costes de producción, estimados en 5,50 €/kg.

En 2024, España produjo 33.134 toneladas de miel, suficientes para cubrir el consumo de los hogares (14.974 toneladas), pero importó 35.572 toneladas procedentes de más de 40 países a un precio medio de 1,80 €/kg, con China cotizando a 1,17 €/kg y Portugal actuando como principal puerta de entrada de miel asiática.

Precios justos y acceso a alimentos de calidad

COAG y CECU defienden que los intereses de productores y consumidores no son contrapuestos, sino complementarios. Reclaman un desarrollo efectivo de la Ley de la Cadena Alimentaria, mecanismos de compra pública que favorezcan el producto local y políticas que garanticen precios justos en origen y accesibles para el consumidor.

Ciudades con catas reivindicativas el 3 de marzo

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