Los ministros de Agricultura de la Unión Europea han alcanzado un acuerdo parcial sobre el futuro de la Política Agraria Común, mientras España reclama mantener el presupuesto y Castilla y León defiende una financiación que garantice la renta de agricultores y ganaderos, el relevo generacional y el desarrollo rural.

La reforma de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2028-2034 ha dado un nuevo paso este 26 de octubre en Luxemburgo, donde los ministros de Agricultura de la Unión Europea han alcanzado un acuerdo parcial que establece las bases de la negociación con el Parlamento Europeo. La propuesta contempla una transformación del sistema de financiación, modificaciones en el reparto de las ayudas directas y nuevas medidas para favorecer la incorporación de jóvenes al campo, aunque mantiene pendiente una de las decisiones fundamentales para el sector, la cuantía definitiva de los recursos comunitarios.

El acuerdo llega en un momento en el que agricultores y ganaderos afrontan el encarecimiento de los costes de producción, la incertidumbre de los mercados y las dificultades para garantizar la continuidad de numerosas explotaciones. En este contexto, la negociación europea determinará tanto el volumen de fondos disponibles a partir de 2028 como los requisitos que deberán cumplir sus beneficiarios, una cuestión especialmente relevante para Castilla y León, una de las comunidades con mayor peso agrario de España.

La posición adoptada por el Consejo abre una nueva fase en la tramitación de una reforma que afecta a la organización tradicional de la PAC y al papel de los Estados miembros en la distribución de los recursos. España ha reclamado mantener, como mínimo, el presupuesto del periodo vigente, conservar una política agraria común con regulación propia y garantizar que las diferencias de capacidad financiera entre países no condicionen la competitividad de sus productores.

La nueva PAC propone 300.000 millones de euros para agricultores y ganaderos

La Comisión Europea ha planteado reservar al menos 300.000 millones de euros para el apoyo a la renta agraria y la respuesta ante crisis durante 2028-2034, una cantidad que se distribuiría entre 293.700 millones destinados a las explotaciones y otros 6.300 millones para afrontar perturbaciones extraordinarias de los mercados.

Esta dotación se enmarca en una reorganización presupuestaria que modificaría la estructura de los dos pilares tradicionales de la PAC. El Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), asociado principalmente a los pagos directos y las medidas de mercado, y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), destinado a inversiones y actuaciones territoriales, pasarían a integrarse en los nuevos planes de asociación nacionales y regionales.

La Comisión considera que este sistema permitiría coordinar mejor los recursos europeos y adaptar las intervenciones a las necesidades de cada territorio. Sin embargo, la integración de diferentes políticas en un marco financiero compartido ha abierto un debate sobre la protección de las partidas agrarias y la garantía de que los fondos destinados al desarrollo rural mantengan su capacidad de inversión.

El Gobierno español ha defendido ante Bruselas la necesidad de preservar una financiación suficiente y estable, respaldado por una posición compartida con las comunidades autónomas, las organizaciones profesionales agrarias y las cooperativas. Entre sus reivindicaciones figura mantener el carácter europeo de las ayudas y evitar que determinadas intervenciones dependan en mayor medida de las aportaciones presupuestarias de cada Estado.

Esta cuestión adquiere especial importancia en sectores como el vitivinícola y el hortofrutícola, donde los programas de apoyo contribuyen a financiar inversiones, modernización y adaptación a las condiciones del mercado.

Las ayudas directas de la PAC cambiarían con un nuevo sistema de pagos por superficie

Una de las principales novedades de la PAC 2028-2034 afecta a la distribución de las ayudas directas, que podrían reorganizarse mediante un pago decreciente a la renta basado en la superficie, denominado DABIS por sus siglas en inglés.

La propuesta pretende concentrar el apoyo en los agricultores activos y mejorar su distribución entre explotaciones de diferentes dimensiones, mediante una reducción progresiva de los importes más elevados. El planteamiento inicial de la Comisión incluye un límite de 100.000 euros anuales para esta modalidad de pago, aunque su concreción continúa pendiente de la negociación presupuestaria.

La medida afecta específicamente a la ayuda DABIS y deberá distinguirse de otros instrumentos de financiación que puedan recibir los titulares de explotaciones agrarias.

Junto con el importe de los pagos, la futura normativa deberá determinar quién puede acceder a ellos. El Consejo plantea que cada Estado miembro defina la condición de agricultor activo mediante criterios objetivos, entre los que podrían figurar los ingresos procedentes de la actividad agraria, el trabajo realizado en la explotación y la inscripción en los registros oficiales.

La regulación también contempla la agricultura a tiempo parcial y las situaciones en las que la actividad agraria se combina con otras ocupaciones. La aplicación de estos criterios en España será determinante para conocer cómo afectará el nuevo modelo a las explotaciones familiares, profesionales y de menor dimensión.

El relevo generacional gana protagonismo en la reforma de la PAC

La incorporación de jóvenes agricultores constituye otra de las prioridades de la propuesta europea, que contempla ayudas superiores por superficie para los nuevos profesionales y medidas destinadas a facilitar su instalación.

El Consejo respalda la elaboración de estrategias nacionales de relevo generacional que permitan coordinar los incentivos económicos con las inversiones necesarias para comenzar una actividad agraria. Estas actuaciones podrían incluir asesoramiento técnico, formación, modernización de instalaciones y mecanismos que faciliten la transmisión de explotaciones entre generaciones.

La propuesta también incorpora la posibilidad de financiar servicios de sustitución para los titulares que deban ausentarse temporalmente por enfermedad, nacimiento de hijos o responsabilidades familiares, una medida que vincula la continuidad de la actividad agraria con las condiciones laborales y personales de quienes trabajan en el sector.

El alcance de estos instrumentos dependerá de los recursos asignados y de su desarrollo en los planes nacionales, que deberán concretar los requisitos de acceso y las modalidades de apoyo.

Castilla y León defiende mantener los dos pilares y garantizar la financiación del campo

La negociación europea tiene una repercusión directa sobre Castilla y León, donde los pagos de la PAC constituyen una fuente relevante de ingresos para numerosas explotaciones agrícolas y ganaderas.

El Ministerio de Agricultura ha situado en 638,6 millones de euros la previsión de anticipos de ayudas directas para Castilla y León en la campaña 2026, con pagos previstos hasta el 30 de noviembre. La cantidad forma parte de los 2.691 millones de euros estimados para las comunidades participantes en el sistema de prefinanciación y refleja la dimensión económica de estos fondos en la comunidad.

Ante la futura reforma, la Junta de Castilla y León y las organizaciones profesionales agrarias han defendido una posición conjunta, a la que se ha adherido Urcacyl, que reclama conservar un presupuesto agrario independiente y mantener la estructura de dos pilares.

Esta reivindicación relaciona la estabilidad de las ayudas directas con la financiación de inversiones, la modernización de explotaciones y las actuaciones destinadas a mantener la actividad económica en los municipios rurales.

Para el sector agrario de Castilla y León, el diseño de la nueva PAC también deberá atender a la diversidad de sus sistemas productivos, desde las grandes superficies cerealistas y los cultivos de regadío hasta las explotaciones ganaderas y las producciones especializadas.

El reparto de los recursos y los requisitos de acceso condicionarán la capacidad de inversión de los titulares, especialmente en aquellas actividades donde los costes de producción y las necesidades de modernización requieren una planificación económica a medio y largo plazo.

La nueva PAC modifica las ayudas ambientales y refuerza la gestión de riesgos

La propuesta de Bruselas también introduce cambios en los instrumentos relacionados con la sostenibilidad de las explotaciones y la adaptación a las condiciones climáticas.

El nuevo marco plantea reorganizar los actuales ecorregímenes y otras actuaciones agroambientales mediante un sistema de custodia agraria que combine obligaciones comunes e incentivos adaptados a las características de cada territorio.

La conservación del suelo, la protección de los recursos hídricos y la biodiversidad continuarán formando parte de los objetivos de la política agraria, mientras que los Estados dispondrían de mayor margen para diseñar intervenciones ajustadas a sus sistemas de producción.

La reforma contempla igualmente instrumentos de gestión de riesgos y apoyo ante daños derivados de fenómenos meteorológicos extremos o desastres naturales, junto con mecanismos de respuesta frente a las perturbaciones de los mercados.

Estas medidas deberán concretarse en la normativa definitiva y en los planes nacionales, que establecerán su financiación y las condiciones para acceder a ellas.

La PAC 2028-2034 mantiene abierta la negociación hasta su entrada en vigor

Mientras las instituciones europeas negocian el nuevo marco, los agricultores y ganaderos continúan sujetos a la PAC vigente para 2023-2027 y a las modificaciones de simplificación ya aprobadas.

Entre estas últimas figura el reglamento europeo de diciembre de 2025, que introduce ajustes en determinados controles, requisitos y mecanismos de apoyo a las pequeñas explotaciones, con medidas cuya aplicación concreta depende, en algunos casos, de las decisiones nacionales.

La entrada en vigor de la futura PAC está prevista para el 1 de enero de 2028, aunque antes deberán cerrarse las negociaciones entre el Consejo y el Parlamento Europeo, aprobarse el presupuesto comunitario y desarrollarse los instrumentos nacionales que regularán las ayudas.

El acuerdo alcanzado en Luxemburgo ha permitido avanzar en la definición del modelo, pero las decisiones presupuestarias pendientes determinarán su alcance real. Para los agricultores y ganaderos españoles, y particularmente para los de Castilla y León, el resultado de esta negociación establecerá las condiciones de financiación de sus explotaciones durante los siete años siguientes, así como las posibilidades de inversión, modernización y continuidad de la actividad agraria en el medio rural.