actualidad rural

ESTHER DUQUE/DIRECTORA

El sector agrario español se ha construido históricamente sobre estructuras rígidas, jerarquías heredadas y una concepción del poder profundamente masculinizada. En ese marco, la mujer ha desempeñado un papel esencial en la sostenibilidad económica y social de las explotaciones, pero ha permanecido al margen de los espacios de dirección, de la titularidad formal y, en demasiadas ocasiones, del reconocimiento jurídico y profesional que le corresponde. Hoy, esa anomalía empieza a corregirse, no sin resistencias, a medida que las mujeres acceden a puestos de responsabilidad y asumen la titularidad de proyectos agrarios con plena capacidad decisoria.
Ese cambio no puede leerse como una impugnación del trabajo desarrollado durante décadas por los hombres del campo, sino como una corrección necesaria de un desequilibrio histórico. La incorporación de la mujer a la dirección y a la titularidad de explotaciones no desplaza a nadie: amplía el perímetro del talento disponible y refuerza la capacidad de respuesta de un sector sometido a tensiones constantes. La igualdad efectiva, en este contexto, no es un gesto simbólico, sino una herramienta de estabilidad y de futuro.

Basta observar cualquier fotografía de un consejo rector, de una mesa de negociación o de un acto institucional del sector para constatar que el cambio, aunque real, sigue siendo insuficiente. La imagen continúa dominada de forma abrumadora por hombres, que representan todavía en torno al 95 % de los puestos visibles de poder, incluso en un contexto en el que la incorporación de mujeres a la titularidad y a la dirección de explotaciones comienza a consolidarse.

La transformación del medio rural exige una acción conjunta. Hombres y mujeres comparten hoy los mismos desafíos: la rentabilidad de las explotaciones, el relevo generacional, la adaptación a un marco normativo cada vez más complejo, la digitalización y la lucha contra el despoblamiento. Afrontarlos desde esquemas excluyentes no solo resulta injusto, sino también ineficaz. El liderazgo compartido, basado en la corresponsabilidad y el reconocimiento mutuo, se perfila como una de las claves para sostener el tejido productivo agrario en el largo plazo.

En este proceso, las políticas públicas tienen una responsabilidad irrenunciable. No basta con apelar al cambio cultural si no se acompaña de instrumentos concretos que eliminen barreras reales. Iniciativas como la Red PAME, concebida como una red de apoyo a las mujeres en el ámbito rural y agrario, cumplen una función estratégica al facilitar acompañamiento, formación, asesoramiento y generación de redes profesionales. Su valor no reside en la retórica, sino en su capacidad para actuar sobre obstáculos persistentes como el acceso a la titularidad, a la financiación o a los espacios de toma de decisiones.
Sin embargo, ninguna medida institucional será suficiente si no va acompañada de una revisión profunda de las inercias internas del propio sector. Reconocer el liderazgo femenino implica repartir responsabilidades, cuestionar prejuicios arraigados y asumir que la profesionalización del campo exige aprovechar todo su capital humano. No se trata de imponer equilibrios artificiales ni de responder a cuotas, sino de garantizar que el mérito, la capacidad y el compromiso tengan el mismo recorrido, con independencia del género.

El futuro del sector agrario no puede construirse desde la exclusión ni desde la nostalgia. Incorporar a la mujer a los espacios de dirección y a la titularidad de las explotaciones no es una concesión ni un gesto correctivo: es una decisión estratégica. Una decisión que fortalece al conjunto del sector y que solo puede avanzar desde la cooperación entre hombres y mujeres, desde el respeto mutuo y desde una visión compartida de un medio rural vivo, competitivo y socialmente justo.