La Junta financia el traslado de 81 familias desde otras comunidades en 2025, con especial incidencia en hogares con hijos y destino mayoritario en la provincia de León

La Junta de Castilla y León ha concedido 143.000 euros en ayudas a 81 familias que han trasladado su residencia al medio rural de la Comunidad desde otras autonomías a lo largo de 2025. La medida, impulsada por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, busca fijar población en municipios de menos de 20.000 habitantes, en un contexto marcado por la despoblación y la dispersión territorial.

Predominio de familias con hijos y cuantías diferenciadas

Del total de beneficiarios, 62 familias cuentan con hijos, lo que les permite acceder a la ayuda máxima de 2.000 euros, mientras que el resto percibe 1.000 euros. La última resolución del ejercicio, publicada en la sede electrónica autonómica, ha concedido 23 ayudas por valor de 43.000 euros, de las cuales 20 corresponden a unidades familiares con menores.

Municipios receptores y procedencia de los nuevos residentes

Entre los destinos de los últimos traslados figuran localidades como Cantimpalos (Segovia), Castrocontrigo (León), Burgohondo (Ávila), Tordesillas (Valladolid) o Lumbrales (Salamanca). En términos globales, la provincia de León concentra el mayor número de incorporaciones, con familias asentadas en al menos 20 municipios.

En cuanto al origen de los beneficiarios, destacan la Comunidad de Madrid, con 29 traslados, seguida de Cataluña (11) y Andalucía (9), lo que evidencia un flujo migratorio interregional hacia el ámbito rural castellano y leonés.

Estrategia frente a la despoblación

Estas subvenciones se enmarcan en una de las líneas estratégicas del Ejecutivo autonómico para combatir el vaciamiento del medio rural. El programa se dirige exclusivamente a municipios de menos de 20.000 habitantes, excluyendo núcleos urbanos de mayor tamaño como Aranda de Duero, Miranda de Ebro, Ponferrada, San Andrés del Rabanedo, Arroyo de la Encomienda, Laguna de Duero o Medina del Campo.

La política de incentivos busca favorecer la atracción de nuevos residentes mediante ayudas directas, concedidas por orden de solicitud, con el objetivo de consolidar población de forma sostenida.

Requisitos de acceso y condiciones de permanencia

Empadronamiento, actividad laboral y escolarización

Para acceder a estas ayudas, las familias deben haber trasladado su residencia habitual desde otra comunidad autónoma —o desde Ceuta o Melilla— y acreditar un periodo mínimo de residencia previa de un año. Asimismo, todos los miembros deben empadronarse en el mismo domicilio dentro de Castilla y León y mantener esta condición durante al menos dos años.

Entre los requisitos figura también la obligación de que al menos uno de los integrantes desarrolle una actividad profesional en la Comunidad, ya sea por cuenta propia o ajena, incluyendo situaciones de teletrabajo debidamente acreditadas.

En el caso de familias con menores en edad obligatoria, estos deben estar escolarizados en centros de la Comunidad. Además, todos los miembros deben estar adscritos al sistema autonómico de salud.

Compatibilidad y limitaciones

Las ayudas son incompatibles con otros programas autonómicos de retorno, como el ‘Pasaporte de vuelta’, dirigido a castellanos y leoneses en el exterior o con ascendencia en la Comunidad.

Incentivos económicos y tipología familiar

La cuantía de las subvenciones varía en función de la composición familiar: 1.000 euros para unidades sin hijos y 2.000 euros para aquellas con menores o en guarda adoptiva. En el caso de familias formadas por hermanos, la ayuda asciende a 2.000 euros si alguno es menor de edad.

Política pública y cohesión territorial

El programa se inscribe en una estrategia más amplia de cohesión territorial que combina incentivos económicos con medidas de apoyo a la actividad económica y los servicios públicos en el medio rural. La finalidad es revertir tendencias demográficas negativas y favorecer el equilibrio poblacional en una comunidad caracterizada por su dispersión geográfica.