La comunidad contará con 14,33 millones para reestructurar viñedos y modernizar bodegas, además de 2,21 millones destinados al control de enfermedades ganaderas y plagas vegetales. Es la segunda autonomía con mayor asignación para las medidas vitivinícolas.

La Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural ha acordado este martes, 7 de julio, asignar a Castilla y León 16.543.322 euros para financiar actuaciones vitivinícolas en 2027 y programas de sanidad animal y vegetal durante 2026. El reparto, presidido por el ministro Luis Planas, busca mejorar la competitividad de las explotaciones, prevenir enfermedades ganaderas y contener organismos perjudiciales para los cultivos y las masas forestales.

La mayor parte de los fondos corresponde a la Intervención Sectorial Vitivinícola de la Política Agraria Común. Castilla y León recibirá 14.331.806 euros, el 86,6% de la asignación total destinada a la comunidad. Los 2.211.515 euros restantes se distribuirán entre los programas de sanidad animal y vegetal.

La cuantía sitúa a Castilla y León como la segunda comunidad con mayor financiación vitivinícola, por detrás de Castilla-La Mancha. También ocupa el tercer lugar en los repartos estatales destinados tanto a sanidad animal como a prevención y control de plagas vegetales.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha exigido al Ministerio un incremento de la financiación destinada a los Programas Estatales de Erradicación de Enfermedades Animales, al considerar que los recursos consignados resultan insuficientes para atender el incremento de los costes que están soportando las comunidades autónomas como consecuencia de la actual situación zoosanitaria.

En este sentido y con relación a la enfermedad de Newcastle (ENC), Joaquín Antonio Pino ha puesto de manifiesto que la existencia de trece focos y más de un millón de animales afectados en la provincia de Valladolid está suponiendo un importante aumento del gasto derivado de las actuaciones de vigilancia, prevención, lucha, control y erradicación de enfermedades animales, por lo que ha defendido la necesidad de que el Ministerio incremente su aportación económica para garantizar el desarrollo de estos programas sanitarios en condiciones adecuadas, así como para satisfacer la cofinanciación del gasto ya asumido por la Comunidad en la erradicación de otras enfermedades.

El consejero ha señalado que mantener un elevado nivel sanitario en la cabaña ganadera constituye una prioridad para la comunidad de Castilla y León y ha reiterado que el esfuerzo económico que exige la actual situación debe ir acompañado de una mayor financiación y apoyo económico por parte de la Administración General del Estado.

En el transcurso de la Conferencia Sectorial, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental ha ratificado los acuerdos aprobados en las reuniones de la Comisión Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural celebradas los días 17 de marzo y 30 de junio.

Entre los asuntos abordados durante la sesión se ha tratado la Intervención Sectorial del Vino (ISV), instrumento dirigido a favorecer la adaptación y mejora de la competitividad del sector vitivinícola, por medio de diversas medidas entre las que destacan la reestructuración y reconversión de viñedo, las inversiones en bodegas y la promoción en terceros países.

Una vez finalizada la Conferencia Sectorial se ha celebrado el Consejo Consultivo de Política Agraria Comunitaria, preparatorio del próximo Consejo de Agricultura y Pesca de la Unión Europea, previsto para el 13 de julio.

Castilla y León recibe 14,33 millones para el vino

La Intervención Sectorial Vitivinícola aportará 10.016.806 euros a proyectos de transformación y comercialización correspondientes al ejercicio de 2027. Esta línea concentra cerca del 70% de los fondos concedidos al sector del vino en Castilla y León.

Las ayudas financiarán inversiones dirigidas a mejorar las instalaciones, los procesos productivos, la eficiencia de las bodegas y la comercialización de sus productos. La asignación adquiere especial relevancia en una comunidad con numerosas denominaciones de origen y una industria vitivinícola extendida por buena parte del territorio.

Otros 4.315.000 euros se destinarán a la reestructuración y reconversión de viñedos. Esta medida permite adaptar las explotaciones a nuevas condiciones productivas y comerciales mediante cambios varietales, modificaciones en los sistemas de conducción o reordenaciones de las parcelas.

Castilla y León absorberá el 12,6% de los 113,74 millones distribuidos en España para las medidas vitivinícolas. Su asignación supera las concedidas a Extremadura, Cataluña, Galicia, Andalucía, la Comunidad Valenciana y La Rioja, entre otras autonomías.

La mayor dotación castellana y leonesa se concentra en la transformación y comercialización. Los 10 millones asignados a esta línea representan más del doble de los fondos destinados a la renovación de los viñedos, una distribución que concede un peso específico a la modernización industrial y a la mejora de la capacidad de las bodegas para competir en el mercado.

Más de 1,27 millones para sanidad animal

Castilla y León recibirá 1.279.233 euros para ejecutar programas de erradicación y vigilancia de enfermedades animales. La comunidad obtiene el 15% de los 8,5 millones distribuidos en España y ocupa el tercer lugar del reparto, después de Cataluña y Andalucía.

Los fondos permitirán sufragar indemnizaciones derivadas del sacrificio obligatorio de animales positivos en enfermedades sometidas a programas de erradicación. También cubrirán la repoblación de las explotaciones después de los vaciados sanitarios y los planes de vigilancia de las encefalopatías espongiformes transmisibles.

La financiación estatal incluye igualmente la gestión de posibles focos de gripe aviar y dermatosis nodular contagiosa. Las actuaciones contemplan el sacrificio sanitario en las granjas afectadas y la financiación del 50% de las vacunas aplicadas frente a esta última enfermedad.

La importancia de la asignación está vinculada al peso de la ganadería en Castilla y León y a la extensión territorial de sus explotaciones. Los programas sanitarios permiten detectar la circulación de agentes infecciosos, reducir su propagación y compensar a los titulares de las granjas cuando las medidas obligatorias provocan pérdidas de animales.

Cuatro amenazas concentran la vigilancia vegetal

La comunidad contará además con 932.282 euros para la prevención y el control de plagas vegetales. Esta cantidad equivale al 9,2% de la partida nacional y sitúa a Castilla y León como tercera receptora, por detrás de la Comunidad Valenciana y Galicia.

El reparto financiará el programa general de vigilancia de plagas y una parte de las actuaciones desarrolladas por la comunidad frente a organismos cuarentenarios o especialmente perjudiciales. En Castilla y León, los fondos se dirigirán al control del nematodo de la madera del pino, la langosta, la bacteria Ralstonia solanacearum y el nematodo Meloidogyne chitwoodi.

El nematodo de la madera del pino representa una amenaza para las masas forestales de coníferas. Su vigilancia exige controlar el movimiento de madera y analizar posibles síntomas para evitar la expansión de un organismo capaz de provocar el decaimiento y la muerte de los árboles afectados.

Las actuaciones contra la langosta se concentran en aquellas zonas donde las poblaciones pueden alcanzar densidades capaces de causar daños en los cultivos. Los programas combinan la prospección sobre el terreno, la delimitación de las áreas afectadas y la aplicación de medidas de control cuando se superan determinados umbrales.

Ralstonia solanacearum y Meloidogyne chitwoodi afectan principalmente a cultivos como la patata. Su consideración como organismos de cuarentena obliga a mantener controles sobre las parcelas, el material vegetal y las producciones para limitar su establecimiento y dispersión.

La sanidad agraria suma 2,21 millones

La financiación conjunta destinada a sanidad animal y vegetal asciende en Castilla y León a 2.211.515 euros. Aunque representa una parte menor que la asignación vitivinícola, cubre intervenciones que condicionan directamente la continuidad de la actividad agraria y ganadera.

La aparición de una enfermedad de declaración obligatoria puede exigir restricciones de movimiento, sacrificios, vaciados sanitarios o periodos de inmovilización. En el ámbito vegetal, la detección de una plaga cuarentenaria puede obligar a destruir cultivos, retirar material contaminado y establecer zonas sometidas a vigilancia reforzada.

La financiación compartida entre el Estado y las comunidades permite sostener estos programas y compensar parcialmente los costes derivados de las medidas sanitarias. La prevención reduce además el riesgo de que una incidencia localizada termine afectando a otras explotaciones, comarcas productoras o mercados de destino.

La PAC afronta la negociación de su financiación

El reparto se ha aprobado coincidiendo con el inicio de la Presidencia irlandesa del Consejo de la Unión Europea. Entre sus prioridades agrarias figuran la simplificación normativa, la reducción de las cargas administrativas y la mejora de la competitividad del sector.

Durante este semestre deberán avanzar también las negociaciones sobre la financiación de la Política Agraria Común dentro del futuro Marco Financiero Plurianual. La disponibilidad presupuestaria determinará el alcance de las ayudas directas, las medidas de desarrollo rural y las intervenciones sectoriales aplicables después del actual periodo.

El Gobierno español ha defendido que la próxima PAC mantenga recursos suficientes para atender los objetivos productivos, ambientales y territoriales. Para Castilla y León, la negociación afecta a una parte sustancial de la renta agraria y a programas vinculados con la modernización de explotaciones, el relevo generacional y la actividad económica de las áreas rurales.