La Junta, SEIASA y la Comunidad de Regantes del Canal de Villadangos actualizan la financiación de una actuación presupuestada en 90 millones de euros que renovará las redes de riego de siete municipios leoneses.

La Junta de Castilla y León, la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias y la Comunidad de Regantes del Canal de Villadangos han firmado este 1 de julio las adendas de las dos fases del proyecto que modernizará 5.938 hectáreas de regadío en la provincia de León. Los acuerdos actualizan la financiación de una intervención de 90 millones de euros destinada a reducir las pérdidas de agua y mejorar la distribución hasta las parcelas.

La actuación abarca terrenos de Cimanes del Tejar, Santa Marina del Rey, Bustillo del Páramo, Chozas de Abajo, San Pedro Bercianos, Valdevimbre y Villadangos del Páramo. Su ejecución se distribuirá entre el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, dependiente de la Consejería de Agricultura, y SEIASA, conforme a los convenios tripartitos suscritos con la comunidad de regantes.

El Canal de Villadangos renovará su sistema de riego

El área regable quedará dividida en dos sectores de dimensiones similares. El sector sur comprende 2.954 hectáreas, mientras que el sector norte suma otras 2.984. La modernización sustituirá una red de acequias generales, primarias, secundarias y terciarias que presenta pérdidas relevantes y una baja eficiencia en el transporte del agua hasta las explotaciones.

El proyecto pretende ajustar las aportaciones a las necesidades de los cultivos, mejorar el control de los caudales y disminuir los retornos de riego. La renovación también busca limitar el arrastre de nutrientes y productos fitosanitarios hacia las aguas superficiales y subterráneas, uno de los condicionantes incorporados a la evaluación ambiental.

La tramitación ha avanzado después de que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico publicara en marzo de 2026 la declaración de impacto ambiental. Este procedimiento se ha prolongado durante más de dos años y ha condicionado el calendario de una intervención que afecta a una de las principales zonas regables del entorno del Páramo leonés.

ITACyL ejecutará obras por 23,37 millones

El Instituto Tecnológico Agrario asumirá trabajos valorados en 23,37 millones de euros dentro de las dos fases. El resto de la inversión prevista hasta alcanzar los 90 millones corresponderá a las actuaciones integradas en el marco financiero acordado con SEIASA y la Comunidad de Regantes.

El proyecto de la primera fase que ejecutará ITACyL se encuentra en información pública y cuenta con un presupuesto estimado de 11,05 millones de euros. Esta cantidad equivale al 26% de la inversión calculada para el conjunto de las actuaciones incluidas en ese tramo.

La parte correspondiente a la segunda fase permanece en supervisión técnica y movilizará otros 12,32 millones. La firma de las adendas permite adaptar las aportaciones de las partes al presupuesto actualizado y mantener la coordinación administrativa entre las entidades implicadas.

Una inversión repartida en dos sectores

La superficie incluida en el proyecto presenta una estructura agraria extensa y dispersa, por lo que la planificación se ha organizado en dos ámbitos. Esta división permitirá escalonar las obras y coordinar la sustitución de las infraestructuras con las campañas agrícolas.

La intervención deberá transformar el sistema de conducción y distribución sin interrumpir el suministro necesario para los cultivos. La modernización conllevará, además, la adaptación de las instalaciones a las exigencias de la planificación hidrológica, la normativa ambiental y el Plan Estratégico de la Política Agraria Común de Castilla y León.

El regadío ocupa el 15% de la superficie cultivada

La Consejería sitúa el proyecto dentro de su estrategia para ampliar y modernizar el regadío de Castilla y León. Según los datos aportados por el Gobierno autonómico, los cultivos regados representan el 15% de la superficie agrícola de la comunidad, ocho puntos por debajo de la media nacional, que alcanza el 23%.

“Si queremos una agricultura más productiva y rentable tenemos que conseguir incrementar la superficie de regadío para tener, al menos, las mismas oportunidades que en el resto del territorio nacional”, ha señalado el consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental.

La comparación refleja el peso mayoritario que conserva el secano en la agricultura castellana y leonesa y explica la relevancia concedida a las obras hidráulicas en las zonas con disponibilidad de recursos. La Administración autonómica vincula estas inversiones con la estabilidad de las producciones, la capacidad de diversificar los cultivos y la rentabilidad de las explotaciones.

Eficiencia hídrica y actividad rural

La modernización del Canal de Villadangos busca elevar la productividad sin aumentar de forma equivalente el volumen de agua utilizado. La reducción de filtraciones en las acequias y la mejora de la distribución permitirán aprovechar una mayor proporción del recurso disponible y ajustar su aplicación en cada parcela.

El consejero ha afirmado que “el regadío constituye un pilar estratégico del desarrollo rural y de la seguridad alimentaria”. También ha considerado que el proyecto supone “un paso decisivo para dotar a los regantes del Canal de Villadangos de infraestructuras modernas, eficientes y adaptadas a las exigencias actuales de sostenibilidad, competitividad y gestión responsable del agua”.

La Junta relaciona igualmente el acceso al riego con el mantenimiento de la actividad económica y el asentamiento de población en las comarcas agrarias. Las explotaciones regadas suelen contar con mayores posibilidades de introducir cultivos alternativos y de generar actividad vinculada a su transformación y comercialización.

“La agricultura de regadío es fundamental para Castilla y León si no queremos seguir perdiendo población en el medio rural”, ha subrayado el titular de Agricultura. Ante la preparación de la planificación hidrológica para 2028-2032, ha reclamado que las futuras decisiones sobre dotaciones compatibilicen la protección de los recursos con las necesidades productivas del sector agrario.