Agricultura analiza con SIVECAL y USCAL la organización de los servicios veterinarios y propone crear una estructura especializada para intervenir ante crisis sanitarias. El planteamiento llega cuando Castilla y León afronta 29 focos de enfermedad de Newcastle y después de que la Administración autonómica haya convocado 99 plazas de veterinarios.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental trabaja en la creación de una unidad de emergencias sanitarias que refuerce la capacidad de los servicios veterinarios de Castilla y León para responder ante enfermedades animales que exijan actuaciones rápidas y coordinadas. El consejero, Joaquín Antonio Pino, ha abordado este lunes 24 de agosto la propuesta con representantes del Sindicato de Veterinarios de Castilla y León (SIVECAL) y la Unión Sindical de Castilla y León (USCAL), en una reunión dedicada también a analizar la organización, los medios y las necesidades de estos profesionales.

La iniciativa se plantea en un momento especialmente exigente para la sanidad animal de la Comunidad. Castilla y León acumulaba el 21 de agosto 29 focos de enfermedad de Newcastle, distribuidos por Valladolid, Segovia, Salamanca, Zamora y Ávila, después de que el Ministerio de Agricultura confirmara un nuevo brote en una explotación de 46.390 pollos de engorde de Arévalo. Las granjas incluidas en los focos declarados sumaban aproximadamente 1,81 millones de aves, una cifra que corresponde a sus censos y que no equivale al número de animales finalmente sacrificados.

Ese escenario permite situar el debate sobre los servicios veterinarios más allá de su organización administrativa cotidiana. Cada foco obliga a movilizar personal para visitar explotaciones, tomar muestras, inmovilizar animales, realizar investigaciones epidemiológicas, controlar movimientos, comprobar medidas de bioseguridad y supervisar los vacíos sanitarios y posteriores repoblaciones.

Una estructura para actuar cuando aparece una crisis

La futura unidad tendría precisamente como objetivo concentrar capacidad técnica para intervenir cuando una emergencia sanitaria supera la actividad ordinaria de los servicios territoriales.

Pino ha defendido la conveniencia de disponer de instrumentos capaces de ofrecer una respuesta técnica rápida y coordinada, con profesionales que puedan reforzar la actuación ante episodios que afecten a la cabaña ganadera. La Consejería todavía no ha concretado su estructura, número de efectivos, ubicación ni funcionamiento operativo, de manera que la propuesta se encuentra en una fase inicial de definición.

El planteamiento resulta especialmente relevante en una Comunidad extensa y con una ganadería distribuida por todo el territorio. Las unidades veterinarias constituyen la red de proximidad desde la que se realizan actuaciones relacionadas con registro e identificación de animales, movimientos pecuarios y gestión sanitaria de las explotaciones, además de servir como punto administrativo para numerosos trámites de los titulares ganaderos.

Cuando surge una enfermedad de declaración obligatoria, esa estructura territorial pasa además a formar parte de un dispositivo de emergencia en el que intervienen servicios autonómicos, laboratorios de referencia y el Ministerio de Agricultura.

La propuesta busca disponer de profesionales capaces de reforzar sobre el terreno a los servicios veterinarios cuando una emergencia sanitaria exige multiplicar controles, inspecciones y actuaciones epidemiológicas.

Newcastle pone a prueba la capacidad de respuesta

La evolución de la enfermedad de Newcastle durante este verano proporciona un ejemplo reciente de ese tipo de presión.

El Ministerio mantiene actualizaciones periódicas específicas sobre Castilla y León desde comienzos de julio. La última, publicada el 21 de agosto, elevó el balance autonómico a 29 focos. Las autoridades han establecido zonas de restricción, controles sobre los movimientos de aves y medidas específicas de vigilancia y bioseguridad alrededor de las explotaciones afectadas.

El brote ha obligado además a ampliar las actuaciones preventivas. Desde el 1 de septiembre de 2026, la vacunación frente a Newcastle será obligatoria en las explotaciones avícolas de producción y reproducción de toda Castilla y León, con excepción de las destinadas al autoconsumo.

La gestión de una crisis de estas características requiere mantener simultáneamente las tareas ordinarias de las unidades veterinarias. De ahí que la disponibilidad de personal y la capacidad para desplazar recursos entre territorios adquieran especial importancia cuando coinciden varios focos o cuando las zonas de vigilancia abarcan numerosas explotaciones.

El problema tampoco se limita a Newcastle. El sistema español de sanidad animal mantiene actualmente vigilancia frente a enfermedades como la lengua azul, la peste porcina africana, la influenza aviar o la fiebre del Nilo Occidental, entre otras. El Ministerio dispone de un sistema específico de alertas y notificación de enfermedades de declaración obligatoria para coordinar las actuaciones entre administraciones.

SIVECAL reclama estructuras especializadas

La propuesta de crear mecanismos específicos de intervención conecta con demandas que los veterinarios oficiales vienen trasladando desde hace tiempo.

SIVECAL reclamó a comienzos de 2026 la creación de unidades veterinarias especializadas en fauna silvestre, al considerar que la interacción entre poblaciones silvestres y ganadería complica la prevención y el control de enfermedades como la peste porcina africana, la influenza aviar, Newcastle o la tuberculosis. El sindicato vinculaba esa reivindicación con un enfoque sanitario capaz de integrar salud animal, salud pública y medio ambiente.

La organización también ha defendido durante los últimos años una mayor incorporación de los veterinarios a las políticas de salud pública bajo el principio de Una Sola Salud, que aborda conjuntamente los riesgos que afectan a animales, personas y ecosistemas.

La reunión mantenida ahora con Agricultura abre un espacio diferente, centrado específicamente en los profesionales dependientes de la Consejería y en la capacidad de respuesta ante emergencias ganaderas.

Pino ha asegurado que la mejora de estos servicios requiere «contar con profesionales estables, reconocidos y dotados de los medios adecuados para desarrollar su trabajo» y ha trasladado a las organizaciones sindicales su intención de mantener abierta la interlocución sobre las medidas que se adopten.

La Junta tiene convocadas 99 plazas de veterinarios

La discusión sobre la plantilla coincide además con un proceso de incorporación de efectivos a la Administración autonómica.

El Boletín Oficial de Castilla y León publicó el pasado 21 de julio la convocatoria de 99 plazas de acceso libre para el Cuerpo Facultativo Superior Sanitario de Veterinarios, correspondientes a las ofertas de empleo público de 2024 y 2025. De ellas, 85 pertenecen al turno general y otras 14 están reservadas para personas con discapacidad.

El proceso selectivo incluye contenidos específicos sobre control de la producción y sanidad animal, además de inspección y seguridad alimentaria. Las plazas todavía deberán superar todas las fases del procedimiento antes de convertirse en incorporaciones efectivas, por lo que su impacto sobre las plantillas territoriales dependerá tanto de los tiempos administrativos como de los destinos que finalmente se adjudiquen.

La estabilidad de los equipos constituye uno de los asuntos que Agricultura ha situado expresamente dentro de la negociación con SIVECAL y USCAL.

Pino pide coordinación nacional

La creación de una estructura autonómica constituye únicamente una parte del planteamiento presentado este lunes. El consejero ha defendido también avanzar hacia un mando único nacional para las grandes emergencias sanitarias ganaderas, con capacidad para coordinar las actuaciones de las diferentes comunidades autónomas.

La sanidad animal ya dispone de mecanismos estatales de coordinación y del sistema RASVE, en el que las comunidades notifican los focos de enfermedades de declaración obligatoria y se articula la información epidemiológica. La propuesta planteada por Pino supondría reforzar esa coordinación operativa cuando una crisis afecte a varios territorios o exija medidas homogéneas de alcance nacional.

El desarrollo concreto de esa fórmula dependería de las competencias estatales y autonómicas y requeriría, por tanto, acuerdos posteriores entre administraciones.

En Castilla y León, el primer paso se centrará en definir la futura unidad de emergencias y determinar de qué profesionales, funciones y medios dispondrá. La sucesión de focos de Newcastle durante este verano ha colocado la cuestión en un terreno inmediato: la capacidad para detectar una enfermedad, contenerla y proteger las explotaciones depende también de disponer de suficientes veterinarios cuando la actividad ordinaria se convierte en una emergencia.

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