El primer listado alcanza a 32.893 agricultores castellanos y leoneses y cubre 2,45 millones de hectáreas. Valladolid encabeza el reparto provincial con 21,3 millones, seguida de Palencia y Burgos, mientras las organizaciones agrarias consideran insuficiente el apoyo ante la escalada de fertilizantes y energía.
Castilla y León recibirá 117,03 millones de euros de las ayudas extraordinarias para la compra de fertilizantes que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación comienza a abonar este viernes, 4 de septiembre, una cuantía que convierte a la Comunidad en la principal destinataria del primer reparto nacional. Los pagos beneficiarán a 32.893 agricultores sobre 2,45 millones de hectáreas, dentro de las medidas aprobadas para compensar el encarecimiento de los insumos provocado por la crisis de Oriente Medio.
El peso de Castilla y León resulta especialmente significativo. La Comunidad concentra el 23,7% de los 494,57 millones de euros incluidos en este primer listado y el 25,6% de toda la superficie subvencionada en España, aunque sus beneficiarios representan el 13,2% del total. Ninguna otra autonomía recibe una cantidad superior en esta primera resolución. Andalucía alcanza 112,93 millones y Castilla-La Mancha, 98,70 millones.
La configuración agraria castellana y leonesa explica buena parte de esa posición. De las 2.449.709 hectáreas incluidas en el pago, 2.022.671 corresponden a secano y 427.038 a regadío. El secano supone así más de ocho de cada diez hectáreas beneficiadas y genera 77,53 millones de euros, mientras que las superficies regadas reciben otros 39,50 millones.
Valladolid recibe 21,3 millones y encabeza el reparto
Las nueve provincias participan en el programa, aunque la distribución refleja diferencias sustanciales derivadas de la superficie agraria y del peso relativo del regadío. Valladolid encabeza las ayudas con 21,33 millones de euros, seguida por Palencia, con 17,86 millones, y Burgos, con 17,45 millones.
| Provincia | Beneficiarios | Superficie total | Ayuda total |
|---|---|---|---|
| Valladolid | 4.848 | 427.498 ha | 21,33 M€ |
| Palencia | 3.776 | 375.078 ha | 17,86 M€ |
| Burgos | 4.874 | 428.814 ha | 17,45 M€ |
| León | 3.997 | 219.928 ha | 15,07 M€ |
| Zamora | 4.639 | 256.415 ha | 12,50 M€ |
| Salamanca | 3.228 | 199.128 ha | 9,84 M€ |
| Soria | 2.407 | 236.354 ha | 9,72 M€ |
| Segovia | 2.721 | 185.246 ha | 7,72 M€ |
| Ávila | 2.403 | 121.249 ha | 5,55 M€ |
| Castilla y León | 32.893 | 2.449.709 ha | 117,03 M€ |
La posición de Valladolid combina 336.321 hectáreas de secano y 91.177 de regadío, que generan respectivamente 12,89 y 8,43 millones de euros. Burgos presenta incluso una superficie ligeramente superior, 428.814 hectáreas, aunque su menor extensión regada reduce el importe final debido a la diferencia existente entre las cuantías por hectárea.
León ofrece el comportamiento inverso. Sus 219.928 hectáreas constituyen una superficie bastante inferior a la de Burgos, Palencia o Valladolid, pero dispone de 122.604 hectáreas de regadío, la mayor cifra de Castilla y León, lo que eleva su asignación hasta 15,07 millones. De esa cantidad, 11,34 millones corresponden precisamente a terrenos regados.
El secano absorbe 77,5 millones en Castilla y León
El programa establece importes diferentes según el régimen de cultivo. Los titulares incluidos en la ayuda perciben 38,33 euros por hectárea de secano y 92,50 euros por hectárea de regadío, cuantías fijadas tras la modificación aprobada a finales de junio en el segundo paquete de medidas frente a la crisis de Oriente Medio.
El predominio de los cultivos de secano hace que Castilla y León concentre por sí sola más del 28% de toda la superficie nacional de secano incluida en el primer listado. En regadío su peso se sitúa alrededor del 18%, otra proporción elevada dentro de un reparto que alcanza en el conjunto de España 9,56 millones de hectáreas.
Ese perfil explica también que el importe medio resultante por beneficiario, obtenido al relacionar el volumen de ayudas con los titulares incluidos, sea sensiblemente superior en Castilla y León al promedio nacional. La comparación refleja la dimensión territorial de muchas explotaciones de la Comunidad, aunque la ayuda individual depende de la superficie admisible y de las condiciones establecidas para cada titular.
El Estado abona ahora 494,57 millones de un programa de 700
El primer listado nacional incluye 249.376 agricultores y 494,57 millones de euros. El Ministerio ha anunciado además que publicará próximamente una segunda relación de potenciales beneficiarios, por lo que las cifras conocidas este viernes todavía carecen de carácter definitivo para el conjunto del programa.
La línea procede del artículo 50 del Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, que articuló el Plan Integral de Respuesta a la Crisis de Oriente Medio. La dotación total destinada a facilitar la compra de fertilizantes alcanza los 700 millones de euros, después de las modificaciones presupuestarias posteriores.
El origen de la medida se encuentra en el impacto que la crisis internacional ha trasladado al mercado energético y, por extensión, a la fabricación de abonos. La producción de determinados fertilizantes mantiene una elevada dependencia del gas natural, de manera que las perturbaciones energéticas repercuten directamente sobre uno de los principales costes variables de las explotaciones agrícolas.
El Ministerio justifica la subvención por la necesidad de impedir que el encarecimiento reduzca las dosis de fertilización hasta niveles capaces de comprometer los rendimientos productivos y, a su vez, termine trasladándose sobre el precio de los alimentos.
Los agricultores deben acreditar la compra de fertilizantes
El pago presenta además obligaciones posteriores para sus perceptores. La aceptación de la ayuda implica declarar que se han adquirido o se adquirirán fertilizantes después del 1 de marzo de 2026 para aplicarlos en las explotaciones beneficiarias de acuerdo con las necesidades de fertilización correspondientes.
Los agricultores deberán conservar las facturas durante diez años desde la concesión y ponerlas a disposición de la Administración cuando sean requeridas. El FEGA puede igualmente comprobar los registros incorporados al cuaderno de explotación en los supuestos contemplados por la normativa de nutrición sostenible de los suelos agrarios.
La regulación contiene además una previsión destinada a evitar que el importe público termine absorbido por una nueva subida comercial. Fabricantes, importadores, distribuidores y demás operadores deberán evitar que la subvención se traslade total o parcialmente a los precios de venta y el Ministerio podrá comunicar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia incrementos que considere injustificados.
UPA considera insuficiente el apoyo ante los sobrecostes
La publicación del listado ha sido recibida con reservas por las organizaciones profesionales. UPA valora la llegada de las ayudas, pero considera que las cantidades resultan insuficientes para absorber el incremento de los costes soportado por las explotaciones durante los últimos meses.
“Agradecemos la ayuda, lógicamente, pero el Gobierno debe comprender que es una cuantía a todas luces insuficiente para solventar los sobrecostes a que estamos haciendo frente los agricultores y agricultoras”, ha señalado la organización.
UPA dirige parte de sus reivindicaciones hacia los gobiernos autonómicos y sostiene que, hasta ahora, solo Baleares y La Rioja han anunciado fondos propios para complementar la línea estatal. Castilla y León queda, por tanto, fuera de ese reducido grupo en un momento en el que recibe la mayor asignación del primer reparto efectuado por Agricultura.
La cuestión ha llegado también a las Cortes autonómicas. La Cámara ha admitido a trámite una proposición no de ley que plantea que la Junta establezca ayudas extraordinarias para compensar el coste de fertilizantes y gasóleo, contemple apoyo específico para explotaciones cerealistas y complemente con recursos propios las medidas estatales. Su admisión abre la tramitación parlamentaria, aunque no equivale a la aprobación de ninguna nueva subvención.
El gasóleo añade otra presión a los costes de campaña
Las ayudas para los fertilizantes coinciden con una nueva escalada del combustible agrícola. Unión de Uniones ha situado el precio medio oficial del gasóleo B en 1,561 euros por litro el 2 de septiembre, frente a los 1,130 euros registrados al cierre de febrero. La diferencia se aproxima al 40% en poco más de seis meses.
El precio se encuentra además a 13,2 céntimos del máximo histórico de 1,693 euros por litro registrado en marzo de 2022. Las organizaciones agrarias consideran que esta evolución vuelve a someter a presión los márgenes justo cuando se aproxima una nueva campaña de siembras y deben afrontarse simultáneamente compras de semilla, abonos, combustible y otros medios de producción.
UCCL ha situado en este contexto su reclamación de un gasóleo profesional agrario, reservado a agricultores y ganaderos profesionales, con menor fiscalidad y una bonificación aplicada directamente en el momento del repostaje. La reivindicación busca sustituir el actual esquema de medidas temporales y devoluciones posteriores por un mecanismo permanente.
La organización plantea asimismo reducir el IVA aplicado al combustible y revisar el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, dentro de una discusión que trasciende esta ayuda concreta para fertilizantes y vuelve a colocar el coste energético entre los principales factores que condicionan la rentabilidad de la agricultura.
Castilla y León recibe casi uno de cada cuatro euros
El primer pago confirma, en cualquier caso, el peso de la agricultura castellana y leonesa dentro de esta línea extraordinaria. Con 117 millones de los 494,57 millones distribuidos inicialmente, la Comunidad recibe prácticamente uno de cada cuatro euros y concentra más de una cuarta parte de la superficie incluida en el reparto nacional.
La distribución provincial muestra también dos realidades agrarias distintas. Burgos, Palencia, Valladolid o Soria acumulan grandes extensiones de secano, mientras León y Valladolid elevan su participación gracias al regadío, cuya ayuda por hectárea más que duplica la establecida para las superficies no regadas.
El siguiente listado del FEGA determinará hasta dónde aumenta el número definitivo de perceptores y qué parte de los 700 millones presupuestados termina llegando finalmente a Castilla y León. Mientras se completa ese proceso, el pago de septiembre introduce liquidez antes de una nueva campaña marcada por el coste de dos insumos estrechamente vinculados a la energía, los fertilizantes y el gasóleo.
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