La organización agraria sitúa en 540,12 millones de euros la parte pendiente del presupuesto analizado del Ministerio de Agricultura y en 2.646 millones la correspondiente a Transición Ecológica. Agua, ayudas por la DANA, PERTE agroalimentario, sanidad animal, inversiones forestales y reto demográfico figuran entre los programas señalados.
La Unión de Campesinos de Castilla y León ha cuestionado la ejecución presupuestaria de 2025 de los ministerios de Agricultura y de Transición Ecológica después de cifrar en 3.186 millones de euros la diferencia entre los créditos disponibles que ha analizado y las obligaciones reconocidas al cierre del ejercicio. De esa cantidad, 540,12 millones corresponderían al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, MAPA, y 2.646 millones al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, MITECO, con especial incidencia, según la organización, en partidas relacionadas con agua, inversiones, sanidad animal, daños de la DANA y políticas ambientales y de despoblación.
La lectura de las cifras exige distinguir dos conceptos presupuestarios. UCCL utiliza como referencia principal las obligaciones reconocidas, la fase en la que la Administración reconoce contablemente una deuda por una prestación, transferencia, inversión o actuación ya realizada o acreditada. La Intervención General de la Administración del Estado publica además por separado los gastos comprometidos y los pagos efectivamente efectuados, de manera que una obligación reconocida puede encontrarse todavía pendiente de abono al cierre del año.
Por ese motivo, la propia organización agraria diferencia los 3.186 millones que considera sin ejecutar atendiendo a las obligaciones reconocidas de un desfase superior a 4.100 millones cuando la comparación se realiza con los pagos materializados. En este segundo supuesto, aproximadamente 670 millones corresponderían al ámbito de Agricultura.
Agricultura
El análisis difundido por UCCL, a partir de los datos manejados por Unión de Uniones, toma para el MAPA un volumen presupuestario disponible de 9.965 millones de euros y calcula que 540,12 millones quedaron sin convertirse en obligaciones reconocidas al terminar 2025. La cifra supone algo más del 5% del importe considerado y supera en aproximadamente 200 millones el saldo que la organización atribuye al ejercicio anterior.
La distribución por capítulos concentra buena parte de esa diferencia en partidas con capacidad de trasladarse directamente a políticas sectoriales. Cerca de 400 millones de euros corresponden a transferencias corrientes, otros 90,7 millones a inversiones reales y alrededor de 43 millones a transferencias de capital, según el desglose presentado por la organización agraria.
Las tres categorías tienen funciones diferentes. Las transferencias corrientes financian, entre otras actuaciones, ayudas y aportaciones sin contraprestación destinadas a cubrir gastos ordinarios; las inversiones reales se relacionan con actuaciones ejecutadas directamente por la Administración, mientras que las transferencias de capital financian inversiones desarrolladas por otros agentes.
UCCL pone el foco precisamente en estos capítulos porque su ejecución puede terminar repercutiendo en actuaciones vinculadas con explotaciones, infraestructuras, sanidad ganadera, modernización o recuperación de daños.
DANA
Uno de los programas que la organización utiliza para ejemplificar el desfase corresponde a las medidas presupuestadas para afrontar los daños ocasionados por la DANA de 2024.
Según su análisis, de los 459 millones de euros asignados en 2025 quedaron 126 millones sin comprometer, mientras que la diferencia entre el crédito disponible y los pagos realizados se elevó hasta 168 millones.
Ambos datos describen fases distintas. Los 126 millones aluden a recursos que, según la organización, ni siquiera habrían alcanzado la fase de compromiso al cierre del ejercicio, mientras los 168 millones incluyen cantidades que podían haber avanzado contablemente pero todavía no se habían convertido en pagos.
Esa diferencia resulta especialmente relevante al analizar medidas de emergencia, donde la velocidad con la que un crédito recorre las distintas fases presupuestarias determina cuándo una actuación termina materializándose sobre el terreno.
Programas
El estudio identifica además 26 millones de euros sin ejecutar en actuaciones vinculadas al impulso del PERTE agroalimentario, 8,5 millones en gestión de recursos hídricos y otros 5,1 millones correspondientes a sanidad animal.
Estas cantidades presentan dimensiones mucho menores que el saldo global de ambos ministerios, aunque UCCL las destaca por su relación directa con problemas recurrentes del sector primario.
En sanidad animal, la capacidad presupuestaria resulta especialmente sensible en campañas que exigen vigilancia epidemiológica, diagnóstico, prevención, indemnizaciones o medidas extraordinarias frente a enfermedades. En materia de agua, las inversiones condicionan regadíos, abastecimientos e infraestructuras, mientras que el PERTE agroalimentario se ha diseñado para movilizar proyectos de modernización, digitalización, sostenibilidad y transformación industrial.
La organización agraria plantea por ello que la evaluación presupuestaria debe ir más allá del volumen total autorizado y fijarse en cuánto termina llegando a la fase efectiva de ejecución.
Transición
La mayor diferencia se concentra, sin embargo, en el MITECO. Unión de Uniones cifra en 13.230 millones de euros el presupuesto analizado y en 2.646 millones el volumen que permaneció sin reconocer como obligación, lo que equivale al 20% del total tomado como referencia por la organización.
El dato mejora respecto a los 3.327,5 millones que la entidad atribuye a 2024, aunque mantiene a Transición Ecológica como el departamento que concentra la mayor cantidad pendiente dentro del análisis conjunto.
Una parte muy significativa tiene, además, una naturaleza específica. Alrededor de 1.580 millones de euros corresponden a préstamos o anticipos que finalmente no se materializaron para actuaciones de empresas públicas o privadas relacionadas fundamentalmente con transición energética y políticas de agua.
Este componente resulta importante para interpretar el total. Un préstamo presupuestado y finalmente no formalizado tiene un efecto distinto al de una subvención, una inversión directa o una transferencia corriente que no llega a ejecutarse. UCCL separa por ello esos activos financieros y cifra en torno a 884 millones de euros la parte pendiente en capítulos que define como operativos.
Agua
La política hidráulica constituye el principal foco de la crítica al MITECO. Según el estudio de la organización, los distintos programas relacionados con el agua acumularon alrededor de 2.300 millones de euros sin ejecutar durante 2025.
La cifra agrupa programas de naturaleza diferente y, por tanto, no puede interpretarse íntegramente como inversión hidráulica destinada al campo. El Ministerio para la Transición Ecológica gestiona actuaciones de abastecimiento, depuración, restauración fluvial, protección frente a inundaciones, digitalización del ciclo del agua, infraestructuras y financiación mediante distintos instrumentos, algunos de ellos ajenos al regadío agrícola.
Para el sector primario, sin embargo, la ejecución de las políticas hídricas resulta especialmente relevante en un contexto de necesidad de modernización, eficiencia energética, regulación y adaptación a episodios climáticos extremos.
La propia ejecución presupuestaria oficial muestra que MITECO concentra un volumen elevado de créditos asociados a infraestructuras y ecosistemas resilientes y que, al cierre de 2025, existían diferencias apreciables entre créditos definitivos, obligaciones reconocidas y pagos efectuados. La IGAE advierte además de que las cifras de diciembre publicadas en abril tienen carácter provisional.
Bosques
UCCL calcula asimismo que alrededor de 100 millones de euros de programas medioambientales y forestales no llegaron a comprometerse durante el ejercicio.
El dato adquiere una lectura particular después de un año en el que la prevención de incendios, el mantenimiento de masas forestales, la restauración de terrenos afectados y la gestión de combustible vegetal han vuelto a situarse en el centro del debate rural.
Sin embargo, conviene mantener la distinción entre presupuesto disponible y actuaciones concretas. Una cantidad pendiente de ejecución dentro de un programa forestal no permite determinar por sí sola qué obra, ayuda o intervención concreta dejó de desarrollarse sin examinar previamente cada aplicación presupuestaria y su grado de tramitación.
La crítica de la organización se dirige fundamentalmente a la capacidad administrativa para convertir las dotaciones aprobadas en actuaciones antes del cierre anual.
Despoblación
El reto demográfico aparece igualmente entre las partidas señaladas. De un paquete que UCCL cifra en 66 millones de euros, aproximadamente 7,5 millones permanecieron sin ejecutar, según el análisis presentado.
La cantidad supone más de una décima parte del volumen tomado como referencia y adquiere relevancia para una comunidad como Castilla y León, donde la dispersión territorial, el envejecimiento y la baja densidad condicionan la prestación de servicios y la actividad económica de amplias zonas rurales.
Las políticas de reto demográfico abarcan, con todo, actuaciones muy diferentes y su impacto requiere valorar tanto el grado de ejecución financiera como la capacidad de cada programa para generar actividad, servicios o población estable en el territorio.
Ejecución
La controversia pone sobre la mesa una cuestión habitual cuando se presentan los Presupuestos Generales del Estado. Presupuestar, comprometer, reconocer una obligación y pagar representan fases diferentes, y utilizar una u otra ofrece imágenes distintas de un mismo ejercicio.
La IGAE refleja precisamente esas etapas en sus estados mensuales. A 31 de diciembre de 2025, las tablas oficiales distinguen créditos iniciales y definitivos, gasto comprometido, obligaciones reconocidas netas, pagos realizados, obligaciones pendientes de pago y remanentes de crédito.
Por esta razón, UCCL ha optado por las obligaciones reconocidas como indicador principal y ha reservado la comparación con los pagos para mostrar el dinero que todavía no había salido materialmente de Tesorería.
También debe tenerse en cuenta que los totales de 9.965 millones para Agricultura y 13.230 millones para Transición Ecológica utilizados por la organización no coinciden con la simple sección ministerial que aparece en el estado de ejecución de la Administración General del Estado publicado por la IGAE, que presenta un perímetro presupuestario distinto. La nota difundida por la organización no detalla el procedimiento completo de agregación utilizado para alcanzar esos dos importes, por lo que las cifras globales deben atribuirse a su análisis y evitar presentarlas como la mera lectura de una única tabla ministerial.
Esta precisión no invalida la comparación planteada por UCCL, aunque sí resulta necesaria para interpretar correctamente sus resultados.
Reclamación
La organización considera especialmente preocupante que existan remanentes en materias que continúan generando necesidades en el sector agrario y el medio rural.
“Es sangrante que con los problemas que tiene el sector y con la necesidad de inversión estos dos ministerios dejen sin ejecutar cada año miles de millones de euros en temas tan importantes como el agua, la sanidad animal, los daños de la DANA o el despoblamiento de nuestros pueblos”, ha señalado Unión de Uniones en el comunicado que sustenta el análisis.
La crítica reclama que el debate presupuestario incorpore junto al anuncio de nuevas dotaciones una evaluación posterior sobre la capacidad de ejecución y los motivos por los que determinados créditos permanecen disponibles al finalizar el ejercicio.
El cierre de 2025 deja así dos lecturas diferentes. La primera corresponde al volumen de recursos previsto para agricultura, agua, transición energética, medio ambiente o reto demográfico. La segunda, que UCCL ha situado ahora en el centro del debate, examina cuánto de ese presupuesto ha recorrido efectivamente las fases necesarias para convertirse en una obligación reconocida y, posteriormente, en un pago.
Las cifras del análisis de UCCL
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Sin ejecutar MAPA | 540,12 M€ |
| Sin ejecutar MITECO | 2.646 M€ |
| Total ambos ministerios | 3.186 M€ |
| Desfase según pagos realizados | Más de 4.100 M€ |
| MAPA según pagos | 670 M€ |
| Transferencias corrientes MAPA | Cerca de 400 M€ |
| Inversiones MAPA | 90,7 M€ |
| Transferencias de capital MAPA | 43 M€ |
| Préstamos/anticipos MITECO sin materializar | 1.580 M€ |
| DANA sin comprometer | 126 M€ |
| DANA pendiente según pagos | 168 M€ |
| PERTE agroalimentario | 26 M€ |
| Gestión de recursos hídricos | 8,5 M€ |
| Sanidad animal | 5,1 M€ |
| Programas de agua MITECO | ≈2.300 M€ |
| Medio ambiente y forestal | ≈100 M€ |
| Reto demográfico | 7,5 M€ de 66 M€ |
Todas las cantidades de la tabla proceden del análisis difundido por UCCL/Unión de Uniones sobre la ejecución presupuestaria de 2025 y deben entenderse con el criterio contable indicado por la organización.
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