Un comité formado por agentes empresariales, científicos y tecnológicos ultima las prioridades de la iniciativa ‘Soberanía alimentaria’, integrada en la RIS3 de Castilla y León. Los trabajos concluirán antes de diciembre y deberán traducirse en proyectos de innovación, digitalización y cooperación susceptibles de recibir recursos públicos y capital privado. La financiación disponible, las iniciativas concretas y los criterios de apoyo permanecen todavía por definir.

La Junta de Castilla y León y Vitartis han entrado en la fase de identificación de los proyectos empresariales que podrían requerir inversión público-privada para reforzar la cadena agroalimentaria de la Comunidad. Un comité de expertos constituido con representantes de diferentes eslabones del sector y una presencia relevante del ámbito científico, tecnológico y empresarial está ultimando las prioridades que posteriormente deberán convertirse en proyectos concretos dentro de la iniciativa emblemática Soberanía alimentaria, cuyo desarrollo concluirá antes del próximo mes de diciembre.

El presidente de la Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León, Santiago Miguel, ha informado este martes, 15 de septiembre, a la Junta Directiva de la organización sobre el avance de los trabajos, durante una reunión celebrada en las instalaciones de Harinera Emilio Esteban. El planteamiento busca identificar necesidades empresariales con capacidad para generar proyectos de I+D, innovación, digitalización, sostenibilidad o cooperación y ordenar después los instrumentos públicos y privados que puedan contribuir a financiarlos.

La fase actual resulta determinante para entender el alcance real de la iniciativa. El comité está definiendo prioridades y retos empresariales, mientras la asignación de recursos públicos llegará posteriormente, cuando existan proyectos susceptibles de ser evaluados por la Administración dentro de las prioridades establecidas en la Estrategia de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente de Castilla y León, RIS3 2021-2027.

Prioridades

“Se trata de alinear esfuerzos en investigación, innovación y financiación en torno a proyectos de interés para el sector, que la Junta tendrá en cuenta a la hora de evaluar la aportación de recursos públicos, de acuerdo con las prioridades de la Estrategia de innovación RIS3”, ha explicado Santiago Miguel.

El procedimiento pretende partir de necesidades empresariales antes de concretar las soluciones tecnológicas. El comité deberá determinar qué problemas presentan suficiente dimensión, impacto sobre la cadena de valor y capacidad de transformación para convertirse en iniciativas compartidas por empresas, centros de investigación, universidades, centros tecnológicos y Administración.

La información difundida hasta el momento deja pendientes de concretar la relación de proyectos, el volumen económico que podría movilizarse, la participación financiera exigida a las empresas, los instrumentos públicos que se utilizarán y los criterios definitivos para acceder a ellos. Tampoco se ha facilitado todavía la composición nominal del comité de expertos.

Ese matiz separa la fase actual de una convocatoria de ayudas. La iniciativa está construyendo una cartera de necesidades y proyectos potenciales que deberá encajar después con mecanismos de financiación específicos.

RIS3

Soberanía alimentaria se desarrolla como una iniciativa emblemática de la RIS3 2021-2027, figura que la Junta define como el principal instrumento para desarrollar las prioridades de especialización inteligente de Castilla y León. Estas iniciativas están concebidas para reunir empresas, centros de conocimiento y administraciones alrededor de objetivos concretos, concentrando recursos y buscando resultados con potencial de mercado apoyados en activos propios del territorio.

En este caso, la Dirección General de la Industria y la Cadena Agroalimentaria ejerce el liderazgo institucional y Vitartis asume la coordinación técnica.

El Gobierno autonómico ha situado además esta línea entre sus compromisos para la legislatura. Durante la comparecencia de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental en las Cortes del pasado julio se vinculó el despliegue de Soberanía alimentaria con proyectos de innovación y digitalización capaces de reforzar el arraigo territorial de las cadenas de suministro.

El concepto utilizado por esta iniciativa posee, por tanto, un contenido fundamentalmente productivo e industrial. Vitartis lo ha asociado a mantener capacidad para disponer de materias primas, producir y transformar alimentos, reducir vulnerabilidades frente a suministros exteriores y competir en los mercados mediante tecnología, innovación y diferenciación.

Proyectos

Los trabajos se han estructurado alrededor de tres grandes áreas de intervención.

La primera persigue elevar la competitividad mediante investigación y desarrollo, innovación abierta, cooperación entre empresas y otros agentes de la cadena, diferenciación de productos y mejora de procesos. La intención consiste en favorecer proyectos cuya dimensión supere la capacidad individual de una empresa y permita compartir conocimiento, tecnología o inversión.

El segundo bloque se dirige hacia sistemas agroalimentarios sostenibles, circulares y resistentes a las alteraciones del suministro, con soluciones aplicables a cuestiones como materias primas, energía, agua, subproductos, eficiencia industrial, trazabilidad o aprovechamiento de recursos.

La tercera línea aborda uno de los problemas que las industrias vienen situando entre sus principales obstáculos, la incorporación de personal con capacidades tecnológicas, digitales y de innovación.

Vitartis ya había identificado la dificultad para captar talento entre las mayores preocupaciones de las compañías consultadas para su estrategia de fortalecimiento sectorial. En aquel análisis, la presión normativa obtuvo una valoración de 3,6 puntos sobre cinco como principal preocupación empresarial, seguida por las dificultades para incorporar profesionales, con 3,3, y por el contexto económico general, con 3,2.

Plataforma

La siguiente etapa comenzará a ser visible en las próximas semanas con el lanzamiento de una web y una plataforma colaborativa desde las que se publicarán los retos identificados.

El objetivo consiste en ampliar la búsqueda de soluciones más allá de las organizaciones que ya participan en el comité y conectar cada necesidad con empresas, universidades, grupos investigadores, centros tecnológicos u otros agentes capaces de aportar conocimiento.

Esta fórmula intenta evitar que los proyectos de innovación nazcan exclusivamente dentro de cada compañía y favorece un modelo de colaboración en el que un mismo problema pueda abordarse desde diferentes especialidades.

El calendario establece que los trabajos de definición deberán quedar concluidos antes de diciembre, lo que sitúa el último trimestre de 2026 como periodo para conocer qué retos han superado esta primera fase y qué proyectos comienzan a estructurarse alrededor de ellos.

Industria

La iniciativa se aplica sobre una de las ramas con mayor peso dentro de la economía regional. La documentación de la Junta ha situado la cifra de negocio de la industria agroalimentaria de Castilla y León en 16.280 millones de euros en 2024, frente a los 5.421 millones registrados en 2000, lo que mantiene a la Comunidad en el tercer puesto autonómico por volumen de negocio.

Vitartis cifraba esta primavera el tejido regional en 2.736 empresas y cerca de 54.000 personas ocupadas, equivalentes aproximadamente al 10 % de las compañías alimentarias españolas y al 5,2 % del empleo total de Castilla y León.

La dimensión territorial añade otra característica. Según los análisis elaborados por la asociación, el 57 % de las empresas alimentarias castellanas y leonesas se localiza en municipios de menos de 5.000 habitantes y concentra algo más del 44 % del empleo sectorial, lo que vincula directamente las decisiones de inversión industrial con la economía rural.

Ese reparto explica que la mejora tecnológica tenga efectos que superan los límites de las plantas de transformación. La capacidad de una industria para ampliar producción, asegurar compras, incorporar nuevas líneas o mantener empleo puede repercutir directamente sobre agricultores, ganaderos, cooperativas, transporte, servicios y otras actividades asentadas en su entorno.

Estrategia

Soberanía alimentaria recoge además parte del trabajo iniciado por Vitartis en 2024 con Crecer haciendo crecer. Estrategia para el fortalecimiento de la industria alimentaria de Castilla y León, elaborada junto a Cajamar y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas.

Aquella hoja de ruta organizó las necesidades empresariales en siete grandes ejes, entre ellos aumentar el tamaño de las compañías, atraer talento, utilizar la sostenibilidad como factor competitivo, reforzar innovación y digitalización, abrir mercados, mejorar infraestructuras y logística y gestionar un entorno económico y regulatorio cada vez más inestable.

Parte de estos objetivos coincide con el Plan Estratégico de la Industria Agroalimentaria 2024-2028 de la Junta. Durante su comparecencia parlamentaria de julio, la Consejería situó su presupuesto global en 438 millones de euros y aseguró que 234,1 millones habían sido ya ejecutados. Esas cantidades pertenecen al conjunto del plan autonómico y deben diferenciarse de la financiación específica de Soberanía alimentaria, cuyo presupuesto propio para los futuros proyectos todavía debe concretarse.

Inversión

La cuestión decisiva llegará cuando las prioridades seleccionadas se conviertan en expedientes de inversión.

La innovación agroalimentaria necesita, según la naturaleza de cada proyecto, plantas piloto, equipamiento, automatización, datos, laboratorios, pruebas industriales, nuevas tecnologías de conservación, soluciones energéticas o sistemas capaces de reducir consumo de materias primas. Muchas de estas inversiones presentan plazos de retorno largos o un grado de incertidumbre superior al de una ampliación convencional, una circunstancia que explica el interés de combinar recursos empresariales con instrumentos públicos.

El modelo tendrá que resolver, sin embargo, qué parte del riesgo corresponde asumir a cada participante y qué resultados justificarán el apoyo público. La condición de iniciativa emblemática de la RIS3 exige precisamente orientar los recursos hacia actuaciones con impacto medible y capacidad de mercado, más allá de financiar proyectos aislados sin conexión entre sí.

La próxima publicación de los retos permitirá conocer con mayor precisión dónde sitúan Junta, empresas y expertos las principales necesidades tecnológicas del sistema agroalimentario castellano y leonés.

Hasta entonces, la iniciativa ha completado la primera parte del recorrido, reunir al sector y ordenar prioridades. El paso que determinará su alcance llegará cuando esas prioridades adquieran presupuesto, socios, calendario y objetivos verificables y comiencen a traducirse en inversiones dentro de explotaciones, industrias y cadenas de suministro.

Las claves